Las labores de espionaje nunca han sido vistas con buenos ojos; sin embargo, es una práctica -podría decirse- inherente al ejercicio del poder, ya sea público o privado, desde hace siglos y por ser parte de los usos y costumbres más arraigados, es poco probable su desaparición y muchos menos en tiempos convulsos.
Sin dejar de condenar lo que se hizo con Pegasus en México y en otras naciones, lo cierto es que el espionaje es un ejercicio satanizado por todo mundo y es políticamente incorrecto aceptar que se lleva a cabo. Por eso, las buenas conciencias han decidido llamarle de diferente manera, para que no suene tan agresivo.
Hoy se le denomina de manera cotidiana como tareas de inteligencia o de seguimiento a competidores o adversarios. Sin embargo, es demasiado delgada la línea que las diferencia a una y a otras, y lo mismo recurren a este tipo de ejercicios “non sanctos” las unidades de inteligencia con la que cuentan gobiernos y particulares.
Ciertamente la intervención de líneas telefónicas es una de las prácticas más socorridas y sofisticadas de los últimos años, pero no suplen las labores de vigilancia -¿acecho?- de cualquier tipo, que se hacen a individuos y autoridades de todos los niveles.
Estas prácticas de indagación, legal o ilegal, son más recurrentes en los regímenes autoritarios, pero no excluyen a otras formas de organización social, política y económica, y México no escapa a esta tendencia, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador reitere que “de lo que no tenemos duda, es que ya no se espía a nadie”.
Sin embargo, mucha de la información a la que accede el primer mandatario, es fruto de acciones de esta naturaleza, aunque sea de manera indirecta.
López Obrador, recordó que desde que fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI) hace 43 años ha sido objeto de espionaje, desde la época de la policía secreta de Miguel Nazar Haro. No obstante, adelantó que, por el caso Pegasus, no hará ninguna denuncia por el espionaje contra él y los suyos.
Esta actitud del titular del ejecutivo, contrasta con lo expresado por Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, quien señaló que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón “quebrantaron sus derechos individuales a la privacidad”, por lo que solicitó a la autoridad y a la Fiscalía General de la República hacer las indagaciones correspondientes.
“En lo personal, deseo con toda el alma vivir en un estado de derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones”, expresó la esposa del primer mandatario.
A su vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina tiene abierta una carpeta de investigación por presuntos actos de espionaje que fueron detectados al principio de esta administración, aunque dijo desconocer el estatus en que se encuentra la indagatoria.
La disparidad de criterios sobre qué hacer con el espionaje del que fueron objeto medio centenar de personas cercanas a López Obrador habrá de decantarse en los próximos días, podría alentar la permanencia de este tipo de prácticas, como sucede con el supuesto combate a los grupos criminales.
Esclarecer con precisión las acciones que llevan a cabo las áreas de inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y de Hacienda contribuiría a despejar cualquier sospecha de que en México el espionaje ya no se practica.
He dicho
EFECTO DOMINÓ
Tras una serie de investigaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) logró comprobar que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pagó un millón de dólares a más de 90 influencers que violaron la veda electoral, por lo que propuso multarlo con 3 millones de dólares, así como la pérdida del derecho a spots publicitarios en radio y televisión durante un año.
@Edumermo
