Alerta democrática

La democracia participativa que con tanto ahínco está promoviendo el cuatroteísmo en todas su formas y espacios, choca con el avance silencioso pero consistente de la militarización de la administración pública y el aumento del dominio de importantes regiones del país por parte del crimen organizado.

No se trata de una paradoja. Más bien serían las vías por las cuales transitaría el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la segunda mitad de su sexenio, como fórmula para garantizar la continuidad de su proyecto transformador, que cada vez más semeja el gatopardismo.

Tres pinceladas nos dan una idea del camino que pretende recorrer el titular del ejecutivo, cuya proclividad hacia el autoritarismo, propio de los regímenes fascistas, cada vez le es más difícil de ocultar, a pesar de su diaria perorata.

La inclinación hacia el verde olivo, por convicción o fragilidad, con el pretexto del combate a la corrupción y la inmaculada pureza de la milicia, avanza con paso redoblado, con la entrega inconstitucional de actividades productivas y el control de áreas estratégicas propias del servicio público.

El apetito de las fuerzas armadas por constituir un estado de excepción dentro del Estado mexicano ha quedado claramente expresado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que han puesto en entredicho la probidad de integrantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, a quienes culpan de todos los males habidos y por haber.

Por eso ya trabajan en los preparativos para aumentar su presencia en el gestión gubernamental.

Se sabe que La Escuela Superior de Guerra incorporará la maestría en Administración Militar, con especialidad en Estado Mayor, con el propósito de que los jefes y oficiales se capaciten para asesorar a los mandos superiores y para el manejo de los recursos humanos y materiales para los asuntos relacionados con la Administración Pública Federal.

Asimismo, los 50 mil millones de pesos extras a la Guardia Nacional y su inminente absorción por la Defensa Nacional, hará que las fuerzas armadas dispongan del 3 por ciento del presupuesto público, lo que facilitará su consolidación como “holding” en la producción y prestación de bienes y servicios públicos, adquiriendo una importancia sólo superada por Pemex y la CFE.

De otra parte, la inocultable permisividad con la que actúan las organizaciones criminales en distintas zonas del país, corre paralela a el crecimiento de las fuerzas del orden. Resulta inexplicable que se mantengan los mismos niveles de delitos, violencia y homicidios, con cinco veces más el número de elementos encargados de combatir estas prácticas.

La expresión del ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazno: “no debió ser” para justificar la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, complementada con lo dicho por el titular del ejecutivo de que la siembra de enervantes ya no es redituable y que la delincuencia se portó bien en la pasada jornada electoral, retratan a plenitud el “concepto” de combate al narcotráfico durante la administración de López Obrador.

El altísimo nivel de impunidad con la que actúa la delincuencia, con las fuerzas de seguridad casi en plan de observadores constituyen un binomio que puede hacer que la democracia en México fracase y no la baja participación en una consulta que tuvo dos versiones: la aprobada por la Suprema Corte y plasmada en las boletas y la promovida hasta el hastío por el morenismo.

La democracia participativa, para ser real, debe abordar los problemas presentes que afectan a millones de mexicanos y no mirar por el retrovisor para juzgar un pasado que, en muchos aspectos, da sustento a varias de las políticas cuatroteístas.

Pensar que la paz y la gobernabilidad sólo es posible garantizarla con un creciente intervención de la milicia en la vida pública y gubernamental, conjugada con la inacción en el combate a la delincuencia organizada y consultas a base de galimatías, es desconocer el verdadero significado de la democracia.

Como nunca antes este valor está en riesgo.