En una más de sus acostumbradas exageraciones para descalificar a quienes difieren de sus puntos de vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió tonos superlativos en días recientes al referirse a un subdirector del Banco de México y a consejeros y magistrados electorales.
Por todos es conocido la interpretación discrecional de la ley que hace el titular del Ejecutivo, apegado a la máxima: a los amigos justicia y gracia, a los demás justicia a secas. Sin embargo, no le gusta si son otros los que aplican este principio y más cuando se trata de asuntos de gobierno o electorales.
Ante la negativa a su insistencia de usar los recursos que liberará el FMI para pagar deuda externa, de parte del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel dijo que ya se volvió “ultra tecnócrata”, diciendo no se puede lo que plantea el presidente. “No se puede por que no se quiere porque con todo respeto son muy cuadrados”, dijo López Obrador.
Desde su postura “ultra liberal”, aseguró que Banxico debe velar por el crecimiento económico además de la inflación, aunque dijo que respeta las decisiones de la institución sobre política monetaria y recientes alzas de la tasa clave de interés.
Por similares situaciones, el ejecutivo federal denominó “ultra demócratas“ a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral, luego que de que tras analizar las denuncias, quitaron tres diputaciones a Morena y ordenaron la revisión total de los votos emitidos en la elección a la gubernatura de Campeche, donde la candidata morenista Layda Sansores ya había recibido su constancia de mayoría.
Ambas decisiones que, como es lógico no responden a los caprichos del ejecutivo federal, se siente “ultra-jado” y se ha exacerbado su mal carácter, que empezó a agriarse a partir del 6 de junio, a raíz del pronunciado descenso en los votos en favor de los morenistas -aun cuando ganó al menos una decena de gubernaturas- y el fracaso de su consulta para juzgar a expresidentes.
Estas expresiones reflejan su rechazo a que a familiares y aliados les apliquen las normas de manera irrestricta, porque para ellos el primer mandatario les otorga la gracia antes que la aplicación de la ley. Parentela y funcionarios cercanos, a pesar de evidencias, son intocables.
En cambio, López Obrador es bastante laxo a la hora de ajustarse el marco jurídico, con tal de llevar a cabo sus proyectos, incluso por encima de la Constitución. Ejemplo evidente de ello son las amplísimas facultades que le ha otorgado a las fuerzas armadas en campos presumiblemente reservados al ámbito civil.
Las nuevas responsabilidades y negocios que el gobierno lopezobradoriano ha otorgado a la milicia del país están fuera de la ley, pues de acuerdo con la Constitución no deberían desarrollarlas. En ese sentido podríamos decir que estamos frente a una tendencia bastante riesgosa de “ultra militarismo”.
Esta especie de invasión no tan silenciosa de las fuerzas armadas en actividades civiles y productivas, está generando en sus altos mandos actitudes aspiracionistas de tener un mayor peso en la vida pública del país.
La aseveración de que la corrupción existente es debido a la inexistencia de funcionarios públicos honestos y que los militares se están capacitando para desarrollar actividades administrativas indican que la “ultra militarización” puede profundizarse ante la falta de resultados del cuatroteísmo.
He dicho
EFECTO DOMINÓ
Para demostrar que el gobierno actual está comprometido efectivamente con la transparencia, debería dar a conocer los nombres de los accionistas de la sociedad anónima del aeropuerto de Santa Lucía.
@Edumermo
