Son demasiadas las causalidades para ser casualidad, pero siempre que viene un emisario del gobierno de Estados Unidos, por alguna extraña coincidencia, las autoridades mexicanas logran la captura de miembros más o menos relevantes de la delincuencia organizada.
Y no es por la gira de trabajo que sostuvo en estos días Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del país vecino, que no solamente se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, sino con todo el gabinete de seguridad y con el presidente sin nombre y sin gracia.
Fue tal el éxito en esta oportunidad, que el secretario de Relaciones Exteriores se vanaglorió diciendo que las detenciones de “El Chaparrito” y “El Huevo”, considerados entre los capos más importantes, se encuentran entre las más relevantes en una década.
Lo que no dicen es que la mayoría de los delincuentes capturados en los días previos y posteriores a esa visita-supervisión pertenecen a organizaciones distintas al llamado Cártel de Sinaloa que, por lo visto, en lo que va del presente sexenio, sus líderes se han vuelto invisibles para las autoridades.
Esta práctica cotidiana en la actuación de las fuerzas del orden -llámese Guardia Nacional, Ejército o Marina-, de tanto repetirse da pie a conjeturas. Resulta inexplicable que sólo en las grandes ocasiones, los servicios de inteligencia ubican a capos y los capturan.
Mientras no se presentan las visitas de supervisión estadounidense, los grupos delincuenciales se pueden mover a sus anchas por todo el territorio nacional, lo que les ha permitido tomar el control de nuevas regiones quedando la impresión de contar con el visto bueno de las autoridades.
No en balde organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros hablan de la existencia de pactos non sanctos, en donde la permisividad con la que se mueve el crimen organizado, es recompensada incidiendo en los procesos electorales, como quedó demostrado en los comicios de 2021.
Datos sobre la evolución de los delitos en México, muestran que las entidades gobernadas por Morena muestran una tendencia ascendente, sobre todo en los estados del corredor del Pacífico, que van desde Oaxaca hasta Baja California. Guerrero, Michoacán y Colima sobresalen por la violencia que se vive en ellos.
Sin embargo, en esta ocasión, los hechos violentos registrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la población vivió horas de terror, por la virulencia de los criminales, que incluso afectó al consulado norteamericano en esa ciudad, revela cambios en el guion preexistente.
Es aventurado hablar de una posible ruptura entre autoridades y crimen organizado, pero el reciente comportamiento de ambos bandos es indicativo de desacuerdos o el incumplimiento de acuerdos.
Situación que puede derivar en mayores enfrentamientos entre distintos grupos de malosos, que hasta la fecha se han traducido en la ausencia de 200 mil mexicanos, más de 110 mil por homicidio doloso y alrededor de 90 mil desaparecidos.
Un rebrote de violencia no debe descartarse, mientras se concreta -si es que se logra- la recomposición de los términos entre células delincuenciales y algunas autoridades.
Los nuevos términos en la permisividad y las recompensas entre la delincuencia de dentro y de fuera del gobierno dirán si se avanza hacia la paz o la violencia. Las causalidades dejarán de ser casualidad.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
El excandidato presidencial y exgobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido cuando salía de su rancho del municipio General de Terán, y trasladado al penal de Apodaca, acusado de delitos de corrupción relacionados con el uso de recursos públicos para recabar firmas ciudadanas.
No hará huesos viejos en la cárcel, como muchos sólo recibió “aportaciones” para su movimiento.
