En los días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado marcha atrás a dos disposiciones del presidente sin nombre, sin estatua y sin gracia, al declarar la inconstitucionalidad de prohibir a servidores públicos de no poder laborar en el sector privado en 10 años, y la invalidez del manejo discrecional de los ahorros presupuestarios.
Ambas determinaciones de los ministros nos hablarían de un poder efectivamente independiente y que estaría funcionando como un contrapeso efectivo del ejecutivo.
Sin embargo, el asunto de mayor envergadura, el análisis y discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, sería la prueba de fuego para conocer si prevalecen los criterios jurídicos o predominan las presiones políticas a las que están sometidos los ministros de la Corte.
La decisión que adopte la SCJN además de definitiva, será definitoria del modelo de desarrollo económico que habrá de seguirse en México en los próximos años.
También marcará la pauta para saber si una ley secundaria puede yuxtaponerse a la Carta Magna, sin necesidad de una reforma constitucional, o bien ratificaría la prevalencia de la Ley Suprema. En suma, están en juego los derechos fundamentales de los mexicanos, que se verían debilitados o fortalecidos frente a las acciones del gobierno en turno.
Es decir, estamos frente a la disyuntiva de que se definan lo que debemos entender por rectoría del Estado y soberanía nacional en materia energética, así como los alcances de la economía mixta y la participación del capital privado, ya sea nacional o extranjero, en este y otros campos de la actividad económica.
Los intereses público y privado que están en juego no son cualquier bagatela; estamos hablando de miles de millones de dólares que pueden servir de impulso al desarrollo de México, o bien pueden conducirlo -por paradójico que suene- al oscurantismo en materia eléctrica.
Tan solo las inversiones de empresas de Estados Unidos en este rubro suman alrededor de 10 mil millones de dólares; si a ellas se suman las de empresas españolas, francesas y mexicanas, fácilmente podrían ser del doble. Cantidad que puede ser reclamada o puede servir de impulso.
Las discusiones sobre la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el mandatario sin nombre se han vuelto la manzana de la discordia entre el cuatroteísmo y sus opositores, con más carga de prejuicios que razonamientos técnicos y jurídicos. Una lucha ideológica machista, sobre quién puede más.
Esta batalla conceptual y prejuiciada para estar marcando los trabajos de la Corte, donde ya presentaron algunos “asegunes” en torno a la idoneidad de la ministra Loretta Ortiz como responsable de presentar el proyecto sobre este asunto, por su pasado partidista y de postura ante la reforma peñanietista.
El planteamiento de la ministra Ortiz señala que las reformas impugnadas por senadores “no son violatorias del contenido de varios artículos constitucionales, ni al régimen transitorio del Decreto de 2013 respecto a las energías limpias ni tampoco a los objetivos del Sistema Eléctrico Nacional.
Cual si fuera el primer capítulo de una serie de suspenso, cuando se iniciaban las posturas de los demás ministros, la sesión hubo de posponerse para el jueves próximo, en espera de que ese día se conozca la resolución definitiva.
El aval o no de los ministros al proyecto de Loretta Ortiz, terminará por ser Corte y queda en torno a la división de poderes.
En uno u otro sentido, generará un corto circuito en las relaciones entre el gobierno, empresarios y partidos de oposición. Sólo esperemos que no se traduzca en un apagón democrático de larga duración.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Al amparo de la máxima zapatista: “la consulta es de quien la trabaja”, el cuatroteísmo se ha lanzado a las calles y plazas -sin importar transgredir la ley- con tal de alcanzar una votación copiosa para que su caudillo del sureste retenga su mandato hasta 2024. Eso explica por qué el mandatario sin gracia escribirá en la boleta “Viva Emiliano Zapata”, en vez del sí o el no.
@Edumermo
