México está atravesando una etapa peligrosa. Antes de que los nuevos jueces, designados tras la reforma judicial, siquiera asuman sus funciones, ya vemos tribunales actuando más como comisarios ideológicos que como garantes de justicia. El caso de Campeche —donde una jueza ordenó censurar a Tribuna Campeche y condicionó toda referencia a la gobernadora Layda Sansores— no fue un error aislado ni un exceso momentáneo: es el síntoma de un patrón que empieza a reproducirse con rapidez. Esa acción viola de manera frontal los artículos 6º y 7º de la Constitución, que prohíben la censura previa, y ha sido señalada por expertos, académicos y organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
De la crítica legítima al silencio impuesto
Lo que más preocupa es que este fenómeno no se limita a un caso aislado. En apenas tres meses —de mayo a julio de 2025— al menos 18 periodistas y ciudadanos fueron sancionados, procesados o cumplieron condenas por ejercer su derecho a expresar críticas, denunciar casos de corrupción o simplemente disentir de la narrativa oficial. Las sanciones van desde multas millonarias y órdenes de censura editorial hasta humillaciones públicas y restricciones para ejercer el periodismo.
Las acusaciones han sido tan variadas como convenientes para quien detenta el poder: violencia política de género, calumnias, daño moral, agresión verbal, robo, entre otras. El patrón es claro: se recurre a figuras jurídicas que, aunque legítimas en su origen, son aplicadas de forma expansiva y punitiva para castigar la disidencia. Esto constituye una judicialización del disenso, donde el proceso judicial deja de ser una vía de justicia para convertirse en un instrumento de intimidación.
Los denunciantes no son ciudadanos comunes preocupados por su honor, sino figuras políticas de alto perfil: gobernadores, senadores, magistradas, alcaldes. Entre ellos, la propia gobernadora de Campeche, Layda Sansores; el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña; Tania Contreras López, magistrada electa en Tamaulipas; Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la SCJN; y Abelina López, alcaldesa de Acapulco. El mensaje que envían estas acciones es inequívoco: la crítica hacia el poder tendrá consecuencias.
Campeche: laboratorio de la mordaza judicial
El caso de Campeche es paradigmático no solo por la severidad de las medidas, sino por el precedente que sienta. El tribunal ordenó que toda referencia a la gobernadora pasara por un control judicial previo, incluso tratándose de un periodista retirado. Esto implica el paso de la crítica política legítima a un régimen de censura estricta, donde el ejercicio periodístico queda sujeto a autorización previa.
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han advertido que esta práctica erosiona las bases democráticas y fomenta la autocensura. Una noticia que debe esperar 48 horas para ser “validada” por un juez deja de cumplir su función: informar de manera oportuna.
Un contexto global adverso
Este patrón no surge en el vacío. La libertad de prensa enfrenta hoy retos globales. El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) revela que más de la mitad de la población mundial vive en países con “situaciones muy graves” en materia de libertad de prensa. México figura entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico en el continente, no solo por la violencia física contra periodistas, sino por el creciente uso de herramientas legales y administrativas para silenciarlos.
La precarización económica de los medios agrava el problema. Un medio que enfrenta la disyuntiva entre pagar una multa millonaria o cerrar, inevitablemente se verá presionado a evitar publicaciones incómodas. Y en ese terreno, la censura judicial opera como un arma letal: no se necesita clausurar físicamente una redacción si se puede ahogar económicamente.
De las presiones económicas a la censura cautelar
Lo preocupante en México no es únicamente la presión financiera. Cada vez es más frecuente el uso de medidas cautelares y sanciones de órganos electorales para convertir conflictos políticos en silencios obligatorios. El CPJ ha documentado cómo actores políticos recurren a demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) con un objetivo claro: no necesariamente ganar en tribunales, sino ganar tiempo y silenciar titulares.
En este esquema, el proceso es la sanción. No importa si la acusación prospera o se cae en segunda instancia: el daño ya está hecho. El periodista pierde meses defendiendo su trabajo, invierte recursos en abogados, y muchas veces su medio opta por no publicar más sobre el tema para “evitar problemas”.
El estándar internacional: la censura previa no cabe
A nivel internacional, el consenso es rotundo: la censura previa está prohibida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo ha dejado claro en múltiples precedentes, entre ellos el caso La Última Tentación de Cristo vs. Chile (2001) y la Opinión Consultiva OC-5/85: solo se permite la responsabilidad ulterior, nunca la autorización previa para publicar. Las sanciones desproporcionadas o de naturaleza penal contra el periodismo son vistas como incompatibles con una democracia sana porque generan un “efecto inhibidor” en el debate público.
El sistema universal coincide. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General 34, establece que cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir tres requisitos: estar prevista por ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional. La censura previa, por definición, no supera este examen.
En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reforzado esta idea en casos como Sunday Times vs. Reino Unido: la prensa es la “guardiana de la democracia” y las restricciones previas a publicar solo se justifican en circunstancias excepcionales y con criterios estrictos.
La traducción mexicana: del discurso político al expediente judicial
En México, lo que observamos es la traslación de la censura política al expediente judicial. Las resoluciones de jueces y tribunales, en lugar de proteger el derecho a informar, a menudo criminalizan la cobertura, dificultan el trabajo periodístico y sustituyen la verdad por trámites. La consecuencia es doblemente grave: se silencia a quien investiga y se priva a la sociedad de información relevante.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han advertido que en varios estados las sentencias, leyes y presiones administrativas se están convirtiendo en herramientas de censura. Y el frente electoral tampoco está libre de estas prácticas: el Instituto Nacional Electoral (INE) ha llegado a amenazar a medios como La Silla Rota con multas de 22 millones de pesos por investigaciones periodísticas, en lo que parece más una advertencia que un acto de transparencia.
El riesgo de la autocensura
El efecto más corrosivo de este modelo es la autocensura. No se trata solo de lo que se prohíbe, sino de todo lo que deja de investigarse y publicarse por miedo a las represalias. Un periodista que sabe que cada nota crítica puede derivar en un proceso judicial, una multa impagable o una orden de censura, inevitablemente se autocontrola. Y una prensa que se autocensura deja de cumplir su función de vigilancia.
Lo que está en juego: ciudadanía y democracia
La ecuación es sencilla: si silencias a los periodistas, empobreces a la ciudadanía. La gente pierde su derecho a saber, a cuestionar y a formar opiniones informadas. La democracia no se sostiene solo con urnas; necesita debate público, pluralidad de voces y transparencia en el poder.
Por eso, la solución no puede limitarse al terreno jurídico —aunque es indispensable fortalecer los recursos de amparo y los controles constitucionales—. También es necesario actuar en el plano político e institucional:
- Tipificar las SLAPPs para desincentivar el abuso del litigio contra periodistas y activistas.
- Exigir que los poderes judiciales apliquen el test de proporcionalidad de acuerdo con estándares internacionales.
- Proteger legalmente las fuentes y redacciones para blindarlas contra presiones indebidas.
- Implementar políticas públicas que fortalezcan el ecosistema informativo, promoviendo pluralidad, sostenibilidad y transparencia.
La línea roja
La línea roja no admite matices: la censura previa es inconstitucional, viola estándares internacionales y no puede ser normalizada bajo el pretexto de “proteger la dignidad” de funcionarios. Un tribunal no debe ser el blindaje del poder, sino el garante de los derechos de todos.
Si permitimos que la toga sustituya el diálogo y el debate, estaremos dejando de tener justicia para quedarnos solo con obediencia. Y una justicia que sirve para callar no es justicia: es un instrumento más del autoritarismo.
La historia enseña que las democracias no siempre caen con golpes de Estado espectaculares; a veces mueren de manera silenciosa, entre resoluciones judiciales y leyes aprobadas sin debate público. Lo que estamos viendo en México es la advertencia temprana de ese proceso. Aún hay tiempo para detenerlo, pero solo si entendemos que cada censura aceptada hoy es una libertad perdida mañana.
