Este 2 de octubre escucharemos las voces de miles de estudiantes, de los que salen a las calles en la Ciudad de México a manifestarse, pero también de aquellos que, al estar en los salones de clase de sus institutos y universidades, pacíficamente claman por sus derechos y defienden sus libertades.
Los centros universitarios representan el espacio idóneo para la reflexión y el intercambio de ideas entre los jóvenes; en sus aulas se cultiva el debate bajo los principios de libertad, igualdad y justicia, fundamentado en los valores de tolerancia y respeto. En ese entorno, las nuevas generaciones se forman para afrontar, con decisión y firmeza, los desafíos de un país y un mundo cada vez más violentos.
Nuestras instituciones educativas, desde básica hasta superior, no pueden perder esos principios y valores, esencia de la convivencia sana y el buen aprendizaje de la comunidad escolar; tal y como ocurrió el lunes 22 de septiembre en un plantel de bachillerato (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante de 19 años atacó y mató a otro alumno de tan solo 16 años e hirió a un adulto mayor quien trató de defender al adolescente.
Según las notas de los medios de comunicación, el asesino, por sus publicaciones en las redes sociales, está vinculado a grupos “incel” (célibes involuntarios), hombres que, ante su incapacidad para establecer relaciones sexo-afectivas, promueven discursos de odio hacia las mujeres y pueden llegar a cometer actos violentos.
A raíz de ese asesinato, escuelas de la UNAM han recibido amenazas de violencia, primero fue la Preparatoria 5, después la Preparatoria 8 y recientemente la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán; por ello 17 planteles universitarios están sin clases.
Escuchemos a la comunidad que demanda mayores medidas de protección y seguridad. Esta es una alerta y un llamado inaplazable, sí para las autoridades educativas, pero también para los padres de familia, para la sociedad y para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, porque no podemos ser omisos y permitir que la escena se repita, como sucede en otros países.
Nuestros estudiantes no deben ser rehenes de la violencia, ni de las amenazas, ni de la intimidación. Es momento de tomar acciones para prevenir y evitar situaciones trágicas.
En las plataformas digitales los discursos de odio y violencia se han incrementado. Para los adolescentes esta realidad se ha normalizado porque no dimensionan el alcance e influencia que tienen las redes sociales sobre sus vidas, lo que facilita la manipulación y la radicalización. Sumado a esto, muchos jóvenes viven en estados de ansiedad y depresión.
Esta situación pone en evidencia la falta de políticas integrales del Gobierno para prevenir y atender los problemas de salud mental en esta población, pero también muestra la falta de comunicación, desvinculación afectiva y el abandono de los padres hacia sus hijos.
Por ello no basta con revisar mochilas y prohibir el uso de celulares en las escuelas, aquí la solución exige un frente común y acciones integrales e inmediatas: desde el Gobierno, con el anuncio del programa de salud mental de la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser robusto y eficaz, hasta el Poder Legislativo que tiene la imperiosa responsabilidad de construir un marco jurídico que salvaguarde a la comunidad escolar.
Los padres de familia, maestros y sociedad deben asumir su papel orientador, de acompañamiento y de relaciones afectivas, fomentando el uso responsable de las plataformas digitales con una perspectiva sobre derechos humanos e igualdad de género.
La memoria nos recuerda que los estudiantes han sido siempre voz y conciencia de la nación. Ayer, en 1968, fueron silenciados con la represión; hoy son amenazados por la violencia y los discursos de odio.
En ambos casos el riesgo es el mismo: desatender o callar su voz.
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