La coordinación que incluya decisiones internas en México, orientadas a limitar los ingresos de organizaciones criminales, es la base de la seguridad fronteriza, de acuerdo con lo expuesto por el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark T. Esper.
Al referirse a los grupos que influyen en ambos países, Esper indicó que la prioridad estadounidense se dirige a reducir su capacidad operativa. “La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, sostuvo el especialista, al indicar que la cooperación bilateral necesita un alcance más amplio.
La participación del gobierno de Claudia Sheinbaum en extradiciones, despliegue de personal y coordinación con autoridades estadounidenses fue reconocida por el entonces funcionario, quien consideró estos pasos como avances, sin embargo, subrayó que algunos factores estructurales siguen sin modificación.
En el artículo difundido por el medio de comunicación estadounidense USA Today, señaló que “la mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, aludiendo a marcos que permiten actividades ilícitas e insistiendo en que estos puntos repercuten en la capacidad financiera de organizaciones delictivas con presencia transfronteriza.
Ciertos mercados se desplazan hacia circuitos informales, ejemplificó el exfuncionario al citar el caso de los vapeadores, y añadió que la prohibición completa en México crea incentivos para actividades fuera del comercio regulado.
La idea de que “la prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, según afirmó Esper, se inscribe en una postura que excluye una valoración directa del objetivo sanitario del gobierno mexicano y se limita a una observación sobre efectos económicos que, en su opinión, actores ilícitos pueden aprovechar.
Medidas regulatorias y económicas congruentes que limiten los espacios utilizados por grupos criminales son necesarias para la cooperación regional, expuso Mark Esper, quien afirma que acuerdos sólidos en otras regiones constituyen modelos que, desde su perspectiva, podrían replicarse en América del Norte.
Un avance duradero, concluyó, depende de una decisión interna en México sobre el margen de operación de organizaciones delictivas, al tiempo que Estados Unidos mantiene apoyo y solicita acciones definidas, tras advertir que “la cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia”.
