El anuncio del aumento al salario mínimo 2026 que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de este miércoles 3 de diciembre, al informar que a partir de enero aumentará en un 5% el salario mínimo diario en la zona libre de la frontera norte para quedar en 440.87 pesos y del 13% en el resto del país alcanzando los 315.04 pesos, es un ajuste que busca reducir la desigualdad, pero también abre la pregunta si es un ¿avance social o riesgo para la economía mexicana?
A simple vista esta es una buena noticia para todos los trabajadores del país, porque el incremento salarial es un acto de justicia social; sin embargo, esta decisión solo beneficiará a quienes son empleados formales y no aplicará a los 33.9 millones de personas (55.7%) que laboran en la informalidad (cifra de octubre reportada por el INEGI).
Además, estos incrementos pueden impactar negativamente en el 99.8% de las empresas del país que son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), (Secretaría de Economía), al encarecerse los costos de la formalidad como son las prestaciones: seguridad social, capacitación, ahorro, etc. y las cargas fiscales, porque si no hay aumento en su productividad que cubra ese ajuste salarial, serán empujadas a pagar por fuera al trabajador, engrosando la informalidad y propiciando el desempleo.
Y ya ni mencionar el impacto que causará en la productividad de las empresas, de aprobarse la reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, y que también no beneficiará a quienes están en la informalidad.
No puede subirse el salario mínimo si no hay inversión, si no hay aumento de la productividad, si no hay crecimiento económico; y hoy claramente hay un debilitamiento de la economía que se refleja en las estimaciones de crecimiento proyectadas por el Banco de México: para 2025 será de un 0.3% mientras que para 2026 y 2027 podría ser de 1.1% y 2%, respectivamente.
Indicadores que coinciden con las expectativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): hasta un 0.7% en 2025, 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027; que también estima que la inflación en 2025 cerrará cerca del 3.8% que, de darse esta cifra, el incremento salarial será del 8.8% según Enrique Quintana en El Financiero de este jueves 4.
Es así que al reducirse el crecimiento económico hay menor inversión, disminuye la producción y el consumo de bienes y servicios, entre otras afectaciones.
A este panorama negativo, habría que agregarle lo que advierte Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, al referirse que México alcanzará un nivel de deuda bruta de 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, lo que implicará la necesidad de realizar una reforma fiscal que aumente impuestos y eleve la recaudación para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de pago y evite recortes al presupuesto de los siguientes años.
Aunado a ello, está la incertidumbre por las negociaciones para la revisión del T-MEC, donde incidirán las decisiones internas e incumplimientos de México y que han generado fricciones principalmente con Estados Unidos, lo que sin duda también impactará en el crecimiento del país. Además del posicionamiento del presidente Donald Trump quien afirma que buscará un nuevo acuerdo con sus socios.
Ante este escenario nada promisorio, el Gobierno de México debe implementar una estrategia integral donde las acciones generen y ofrezcan certidumbre, que se perdió por la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos, para atraer inversiones que incentiven y detonen el crecimiento de la economía, elevando la productividad de las empresas, regularizando los empleos informales y creando más formales.
El anuncio que más tarde hizo la presidenta Sheinbaum, este mismo miércoles en una reunión con empresarios, sobre la integración de un Consejo para la Promoción de Inversiones, debe tener un objetivo claro: hacer frente al estancamiento económico y a la caída en la inversión privada y reactivarla para impulsar el crecimiento. De tener éxito será un respiro para la economía de nuestro país y para los mexicanos.
Es así que el incremento al salario mínimo es un acto de justicia social, pero para aspirar a salarios dignos es requisito indispensable el crecimiento, la inversión y la confianza.
El Gobierno debe corregir el rumbo de la economía y enviar señales claras a los mercados, a los empresarios y a los trabajadores para que el aumento no solo sea un espejismo, de lo contrario, la pregunta dejará de ser si el aumento al salario mínimo es justicia social o un riesgo para la formalidad y pasará a ser si estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de apostar por el salario sin apostar por el crecimiento del país.
