Una de las consecuencias críticas del conflicto en Medio Oriente es la contracción de la oferta y el alza en los precios de los energéticos. Esto impacta directamente en los derivados estratégicos como los fertilizantes, elevando los costos de producción global y representando un riesgo para las economías.
En México, el primer trimestre del año reflejó un incremento sostenido de la inflación, que escaló del 3.79% en enero al 4.59% al cierre de marzo (INEGI), impulsado por el encarecimiento de productos del campo.
Si bien el alza responde en parte al costo de insumos importados (el 75% de los fertilizantes provienen del exterior), otros factores agravaron la crisis: la situación climática, la inseguridad, el acaparamiento y la especulación derivada del mercado energético global.
Pese a que el país importa cerca del 53% de la gasolina y el 21% del diésel, el consumidor no ha percibido el impacto directo gracias a los subsidios gubernamentales. Sin embargo, esta medida, como lo reconocieron las propias autoridades, está provocando un boquete en las finanzas públicas por 5 mil millones de pesos semanales que irá acumulándose conforme esté vigente ese apoyo, comprometiéndose la estabilidad financiera.
Para subsanarlo, el Ejecutivo recurrirá a recortes en el gasto público, afectando prioritariamente la inversión. Este escenario, sumado al desplome del 2.2% en la inversión privada (enero), impactará negativamente en el crecimiento del país.
La SHCP tiene estimado que México crezca en este 2026 entre 1.8% y 2.8%, mientras que otros organismos como el FMI lo sitúa en 1.6%; la OCDE y el Banco Mundial lo proyectan en 1.3%, metas que hoy lucen difíciles de alcanzar.
En este contexto, el papel del Banco de México (Banxico) es cuestionable, ya que debería mantener la inflación a la baja y evitar que los precios crezcan de manera descontrolada. Con una meta inflacionaria del 3% aún incumplida, optó el pasado 26 de marzo por reducir la tasa de interés de referencia del 7% al 6.75%.
Esta decisión contrasta con la cautela de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos que mantuvo la tasa de interés sin cambios, argumentando que la inflación se mantenía por encima del objetivo de 2%. Al igual, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, entre otros, dejaron inamovibles sus tasas ante la incertidumbre global. La señal enviada por Banxico parece ignorar la sensibilidad de los choques externos.
Es así que, de prolongarse esta tendencia inflacionaria, la pérdida del poder adquisitivo golpeará con mayor fuerza a los sectores más vulnerables y erosionará el valor del ahorro. Paralelamente, las empresas podrían enfrentar un ciclo de incertidumbre por el alza de las materias primas y una caída en el consumo, lo que fracturará cualquier planeación y expectativas de negocio a largo plazo.
Para revertir este panorama, es necesario que el Banxico retome una política monetaria que responda con rigor al choque inflacionario. A la par, el Gobierno deberá aplicar incentivos a la producción, reducciones impositivas, controles de precios en insumos clave y apoyos para hacer más eficientes las cadenas productivas; además de acelerar sus acciones para concretar y consolidar la inversión privada.
La reciente reconsideración del fracking por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, podría reducir de forma significativa nuestra dependencia de las importaciones de gas, que actualmente alcanza el 75%. Esto representaría un avance relevante hacia la soberanía energética.
Es momento de actuar con visión estratégica y sentar las bases que garanticen el crecimiento que requiere el país, porque la estabilidad depende de la firmeza y decisiones de quienes encabezan las instituciones públicas en México.
