La candidata por Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel, fue denunciada ante la Fiscalía General del estado por el presunto desvío de recursos públicos por más de 500 millones de pesos a empresas fantasma, cuando fungía como secretaria de Salud del gobierno de Juan Manuel Carreras.
La denuncia, presentada por el Frente Ciudadano Anticorrupción, señala que en el último año de la gestión de Rangel como titular de la dependencia fueron asignados 525.3 millones de pesos en forma directa a 317 contratos, bajo pretexto de enfrentar la pandemia por covid-19, entre los cuales aparecen montos por organización de ruedas de prensa, compra de oxígeno, pruebas de detección del virus, entre otros.
Afirmaron que los pagos no tuvieron concurso de licitación, ya que se dieron bajo el amparo de un decreto administrativo para comprar bienes o pagar servicios en forma discrecional, en el que la propia ex funcionaria consideró como esenciales para combatir a la pandemia en la entidad.
Informaron que en julio de 2020 y enero de 2021 se reportó la mayor actividad en las compras, con 69 contratos en el primer mes mencionado, por 189.1 millones de pesos y 57 procesos por 132.5 millones de pesos al inicio de este año.
De esa cantidad, acusaron que un solo proveedor de la Secretaría, Tangamanga Innovación y Negocios, obtuvo 85.1 millones de pesos, el mayor monto entregado de manera directa, por la compra de pruebas de detección de coronavirus, la cual reportó como domicilio fiscal una dirección asociada a una empresa “fantasma” utilizada por la anterior legislatura para desviar fondos de la partida de gestión institucional.
Acusaron a Mauricio Ayala Gallegos, de obtener 40.4 millones de pesos, adjudicados entre marzo y mayo de 2020, por servicios integrales para la realización de conferencias de prensa de la titular, las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud y la erección de las unidades Centinela en la entidad.
De igual modo señalaron al gobernador Juan Manuel Carreras López y al empresario Gabriel Salazar Soto, como los principales beneficiarios, a quienes los acusaron de falsificación de documentos y asociación delictuosa.
El Frente Ciudadano Anticorrupción solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), para atraer el caso, ya que denunciaron que en la Fiscalía estatal se les niega el acceso a la carpeta de investigación y aporte de más pruebas, bajo las órdenes del gobernador y el fiscal Federico Garza Herrera.
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