El diputado del PRD, Jorge Casarrubias Vázquez demandó a las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, dar resultados a la brevedad de sus investigaciones en torno el cúmulo de crímenes políticos perpetrados en el pasado proceso electoral a fin de hacer justicia a víctimas, familiares, amistades, correligionarios y ciudadanía en general.
El legislador por Guerrero solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldar su demanda y le propuso un acuerdo para tal efecto en el que advirtió que los esfuerzos y responsabilidades de esas autoridades no deben darse por terminados una vez concluidas las elecciones.
Recordó que la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal presentó una estrategia para proteger, con los otros dos niveles de gobierno, a candidatas, candidatos, precandidatas, precandidatos y actores políticos en general que incluía prevenir amenazas y riesgos incluso por región.
A pesar de ello -dijo-, el pasado proceso electoral fue el más violento en la historia del país y para el 31 de mayo se habían cometido 782 agresiones en agravio de aspirantes a algún cargo de elección popular o algún otro político o política, 89 de los cuales fueron asesinatos.
De éstos, 35 eran candidatos o precandidatos de prácticamente todas las filiaciones políticas, como Antonio Hernández Godínes, del PRD; Juan Antonio Acosta Cano e Ivonne Gallegos, del PAN; Yuriel Armando González, del PRI; Alma Rosa Barragán y Abel Murrieta, de Movimiento Ciudadano, y Carla Enríquez Merlín, de Morena.
Señaló que el nivel de violencia fue tal que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Urgió a México a garantizar la vida e integridad personal y seguridad de candidatos y candidatas ante la violencia política que marcó esos comicios.
Casarrubias Vázquez consideró que esa violencia fue resultado de la polarización social y los ataques desde el partido mayoritario y el titular del Ejecutivo Federal, por lo cual la estrategia de la SSPC -que incluía atención especial a zonas de alto riesgo, así como a aspirantes y candidatos amenazados- resultó fallida.
A pesar de ello, consideró que esos esfuerzos deben ser el inicio de un proceso que debe ir más allá de la jornada electoral, por lo que pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Secretaría de Gobernación, la SSPC y a la Fiscalía General de la República -cada una en el ámbito de su competencia- para que investiguen todos esos casos y, en su oportunidad, sancionen a los responsables de las agresiones.
