A fin de prevenir y evitar ataques a las libertades de información y expresión, así como para garantizar su ejercicio y fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, la líder de los diputados del PRD , Verónica Juárez Piña, se pronunció porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigue de oficio el presunto espionaje de autoridades federales contra periodistas y otros comunicadores.
Solicitó además que esa institución, presidida actualmente por Rosario Piedra Ibarra, pida a las instancias que corresponda medidas de protección para garantizar la seguridad de las probables víctimas.
Advirtió que las libertades mencionadas estarían en riesgo dada la reciente denuncia pública de varios periodistas de que son objeto de espionaje por parte de agencias de inteligencia civiles, militares y, particularmente, de seguridad del Gobierno Federal, en específico por parte de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Ricardo Mejía Berdeja.
Señaló que la desconfianza y descrédito de la ciudadanía en las instituciones, a su vez, es patente debido al férreo control del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre órganos de gobierno que formalmente no están bajo su jurisdicción, como la Fiscalía General de la República, misma que también ha sido acusada de espionajes indebidos contra la ciudadanía.
Debido a ello -dijo Juárez Piña-, los periodistas presuntamente espiados ilegalmente no han presentado denuncia formal, pero ante ello la CNDH puede iniciar una investigación de oficio, como lo ha hecho en otras épocas.
Mencionó, por ejemplo, que hace 4 años, a petición de 19 comunicadores y defensores de Derechos Humanos víctimas de espionaje ilegal por parte del entonces gobierno federal, la CNDH inició una investigación por la abierta violación a los derechos a la información, a la libre expresión y a la democracia, así como a la vulneración de la confianza y credibilidad en las instituciones.
En ese caso, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y de Gobernación, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), que se abstuvieran de intervenir aparatos de comunicación, como teléfonos y computadoras, de la ciudadanía.
Hace 4 años, la CNDH pidió además, que si esas dependencias ya habían espiado a ciudadanas y ciudadanos, se abstuvieran de utilizar y difundir la información hasta que se valorara si su obtención había sido legal.
Les requirió adicionalmente garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, así como la labor de los defensores de Derechos Humanos, sin contravenir su derecho a la privacidad.
Solicitó a la entonces PGR que investigara las denuncias de los agraviados con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
Reconoció además que la intervención de comunicaciones no está prohibida, pero aclaró que, conforme a la Constitución, debe ser por orden judicial, y que, en caso contrario, debe ser investigada como delito.
En el actual caso, ante la gravedad del espionaje presuntamente cometido en agravio de los periodistas Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto y Roberto Rock, Juárez Piña consideró necesario que la CNDH actúe de manera similar a como lo hizo hace 4 años.
Por tanto, debe iniciar a la brevedad una investigación de oficio para determinar las posibles violaciones a los derechos humanos de los comunicadores y, en tanto se realiza, solicitar medidas cautelares a favor de las presuntas víctimas.
Solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pronunciarse en igual sentido y puso a su consideración una propuesta de punto de acuerdo para tal efecto.
