El vicecoordinador de los diputados del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, reiteró el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a atender como Jefe de Estado el grave problema de inseguridad en el país, en general, y en Michoacán, en particular.
Lamentó que, ante la minimización del problema por parte del Ejecutivo Federal, gobernadores como el de esta entidad, Silvano Aureoles Conejo, deban recurrir a otras instancias, incluso internacionales, en busca de apoyo para enfrentar los altos niveles de criminalidad e impunidad en el país.
Aureoles Conejo se reunió este 27 de julio con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemus, a quien alertó sobre el riesgo de que México se convierta en un “narcoestado” y ello genere desestabilización en el continente debido a la creciente intromisión de los traficantes de drogas en todos los niveles de su vida pública.
Recordó que semanas previas, el mandatario estatal solicitó audiencia al Presidente López Obrador, incluso apersonándose ante Palacio Nacional, para entregarle pruebas sobre la injerencia de grupos criminales en los pasados comicios y el riesgo de que ellos o políticos electos afines a ellos lleguen a los congresos federal y estatales, gubernaturas y presidencias municipales, pero el Ejecutivo Federal ignoró su llamado.
Aureoles Conejo acudió entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Fiscalía General de la República, donde entregó documentación para fundamentar su denuncia, pero lo cierto es que no hay actuación relevante alguna y el plazo para que asuman los próximos gobernadores, legisladores y presidentes municipales, incluidos los cómplices de los delincuentes, se aproxima inexorablemente.
Además, los altos niveles de delincuencia e inseguridad en todos los niveles continúan, aún cuando las cifras oficiales muestren algún supuesto avance.
Por todo lo anterior, Aguilera Rojas consideró positivo el encuentro del gobernador de Michoacán con el Secretario General de la OEA en Washington, la capital estadounidense, con la seguridad de que tendrá algún impacto positivo para el país.
Independientemente de ello, exhortó una vez más al Presidente de la República a no soslayar sus responsabilidades y a actuar institucionalmente en sus relaciones con los gobernadores de las entidades federativas, especialmente en lo que respecta al combate a la delincuencia organizada.
Le recordó nuevamente que él mismo -el Presidente- se dijo vigilante y garante de que el pasado proceso electoral se realizara con total apego a la legalidad, lo que está en duda, pues además de la denuncia del gobernador michoacano, hay varias otras sobre violaciones a la ley que no se han atendido.
Insistió en que, en el caso específico de Michoacán, el gobernador, líderes sociales y políticos, y otros actores de la vida pública hicieron iguales señalamientos sobre la evidente intromisión del crimen organizado a favor de diversos candidatos.
“Esto es sumamente grave, ya que la seguridad e integridad de los gobernados estará en manos, ya sea desde los poderes ejecutivos o legislativos, en manos los delincuentes o de políticos cómplices de delincuentes”, advirtió.
El líder perredista en Michoacán reiteró su exhorto al presidente López Obrador a recordar su compromiso respecto a la legalidad y no perder de vista estos hechos, de modo que su actuación se aleje de cualquier ánimo de venganza política y se apegue, en cambio, a la institucionalidad y legalidad.
Aclaró que el titular del Ejecutivo Federal no puede ni debe evadir su responsabilidad con el pretexto de que corresponde a fiscalías y tribunales, sean electorales o penales, estatales o federales, pues él es el Jefe del Estado Nacional y debe, por tanto, actuar con otras autoridades para enfrentar este problema.
