El diputado del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera afirmó que la reforma a la Ley Minera podrá ser objeto de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque además de ser innecesaria no deja de ser tóxica y genera incertidumbre a inversionistas y a empresas.
En ella, precisó , no existen artículos transitorios que expliquen cómo se va a dar trámite a las concesiones ya otorgadas o a las pendientes, y todo ello debido a que “fue una reforma sacada al vapor con la que el Ejecutivo pretendía salvar un poco la derrota propiciada por la oposición al rechazar la Reforma Eléctrica”.
El también presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados explicó que la Constitución señala claramente que en los procesos de extracción de minerales puede haber participación privada y pública, y eso incluye al litio, por lo que una ley secundaria no puede exceder hoy lo que la Carta Magna permite.
El legislador queretano destacó que en la Comisión de Justicia han sido muy puntuales de los alcances legales de la citada reforma, a todas luces inconstitucional, y advirtió que la oposición está muy motivada para continuar protegiendo la Constitución frente a reformas venideras como la de la política electoral y de la Guardia Nacional.
“Quieren que una paraestatal como Pemex, que es un lastre, entre específicamente en la exploración y explotación del litio, cuando no hay ni siquiera recursos para crear una empresa –dijo–, y tenemos una CFE que se ha descuidado totalmente por una mala administración del emblemático líder de la corrupción, Manuel Bartlett”.
En ese sentido, recordó que Argentina y China, que puede decirse que son gobiernos de corrientes ideológicas con las que pudiera comulgar el Presidente de la República, explotan sus yacimientos de litio a través de la participación mixta, privada y pública, porque no hay aparato gubernamental que pueda tener la capacidad para esa tarea.
Ejemplificó que la reforma energética de 2013 permitió a la ciudadanía pagar menos en su recibo de luz y ello fue en 2017, pues se permitían las subastas donde el suministro provenía de varias empresas generadoras, tanto públicas como privadas, que vendían energía, y tenían la obligación de comprar lo más barato y lo más limpio.
“Aspectos que este gobierno detuvo al llegar con la bandera de un falso nacionalismo”, sentenció.
Haber aprobado la reforma eléctrica del Presidente hubiera generado graves conflictos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque podrían haberse aplicado a nuestro país sanciones terribles, puntualizó Macías Olvera.
