La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exdiputado federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, requerido por autoridades mexicanas por supuesto enriquecimiento ilícito.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer la improcedencia de la extradición del ciudadano chileno-mexicano, al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión como establece el tratado sobre la materia suscrito entre ambos países.
“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, sostiene el fallo.
Conforme a dicho principio, el artículo 1° del Tratado de Extradición que rige entre Chile y México establece que ella será aplicable solo cuando la privación de libertad del delito requerido no excede de un año. Por su parte, el artículo 3 del citado instrumento estatuye que procede dar lugar a la extradición respecto de los delitos incluidos en convenios multilaterales suscritos por ambos países”, indicó la Corte chilena.
Para el máximo tribunal, si bien la Convención hace extraditables los delitos de corrupción que tipifica, de igual modo deja a salvo –en el caso de existir tratado de extradición y las legislaciones internas tipifiquen el delito– la penalidad mínima de más de un año de privación de libertad, requisito que debe cumplirse tanto respecto del Estado requirente como del requerido, constituyendo ello una contra excepción a lo dispuesto en su artículo 44 N° 1, que hace procedente la extradición por todos los delitos en el referido tratado multilateral”.
El exdiputado y exdelegado en Coyoacán fue señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por posible enriquecimiento ilícito, aunque él asegura tener las pruebas para acreditar el 98% de sus bienes.
