En el Congreso del Estado de México, el senador Ricardo Monreal Ávila informó que la reforma al Poder Judicial se estima en 3,500 millones de pesos y aseguró que ésta reforzará la austeridad como deber y como política de Estado; Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, se pronunció por una suficiencia presupuestal; en tanto que el diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Directiva de la LXI Legislatura mexiquense, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coincidieron en que debe ser una reforma consensuada.
En el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial”, organizados por el Congreso de la Unión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena) puntualizó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se garantizará que nadie en la administración pública gane más que la persona titular del Ejecutivo federal y se eliminarán el haber de retiro y las pensiones vitalicias para ministras y ministros que concluyen con sus encargos.
Ante el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente de la Jucopo de la LXI Legislatura mexiquense, el magistrado Ricardo Sodi expuso que frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia no es posible hablar de austeridad; dijo estar en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con una mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.
El legislador Jesús Izquierdo se pronunció por una reforma consensuada que beneficie a toda la población, fortalezca el Estado de derecho y se adapte a las necesidades institucionales de las personas impartidoras de justicia.
Mientras que la gobernadora Delfina Gómez hizo votos para que de estos foros surjan acciones para consolidar una reforma integral y eficaz, con la que se garantice el acceso pronto y expedito a la justicia, que proteja a todas y todos, en especial a personas más vulnerables; además, se pronunció por no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.
Asimismo, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, subrayó que es una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial en los últimos 150 años con la que se busca, a través del diálogo, garantizar a la población el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita.
En su turno, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, indicó que la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.
El senador Ricardo Monreal aseguró que los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados. Aclaró que se propone extinguir los fondos de los fideicomisos no previstos en una ley secundaria y que la elección de los mil 600 de las personas ministras, juezas y magistradas tendrá un costo entre tres mil y tres mil 500 mdp que pueden ser tomados de los 23 mil mdp que se tienen que entregar de los fideicomisos.
