El Senado de la República detuvo recientemente la minuta que proponía implementar el esquema de cobranza delegada, que permitiría a los empleadores hacerse cargo de las deudas adquiridas por sus trabajadores con su consentimiento.
Aunque el proyecto de ley fue frenado, Pablo Escalante Tattersfield, consejero independiente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), destacó los beneficios de este modelo, entre los cuales se encuentran la regulación del sobreendeudamiento, el control de tasas de interés y la creación de un entorno más competitivo en el mercado crediticio.
“Los principales beneficios son: uno, regula el sobreendeudamiento; segundo, tiene una tasa comparativa, las entidades financieras que presten bajo esta modalidad no van a poder poner la tasa que ellos deseen, que si lo ves en el mercado no formal son altísimas; la tercera ventaja es que amplía la competencia”, señaló Escalante en una reciente declaración.
El experto, quien ha ocupado cargos clave como vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), añadió que, en países como Colombia y Brasil, marcos jurídicos similares han permitido que el crédito represente entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en México esta cifra apenas alcanza el 1%.
Según Escalante, la iniciativa se fundamenta en evitar que los trabajadores se endeuden excesivamente, una práctica que actualmente es común, ya que pueden adquirir créditos hasta por 300 veces su salario.
Una de las confusiones más comunes sobre la cobranza delegada es asociarla con el embargo de salarios o bienes, un proceso que involucra el uso de la fuerza pública. Sin embargo, Escalante aclaró que este esquema no implica ninguna de estas acciones.
“Con la cobranza delegada, si les aplicaran cobros por encima de la tasa promedio, los afectados pueden por ley pedir que se detenga el cobro, eso no sucede con otro tipo de créditos”, aseguró.
El modelo propuesto permitiría también regular las tasas de interés aplicadas por las instituciones financieras. Según Escalante, en el mercado informal se suelen aplicar tasas muy elevadas, lo que coloca a los trabajadores en una situación vulnerable. De implementarse la cobranza delegada, las entidades financieras estarían obligadas a respetar tasas más equitativas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue la responsable de solicitar la suspensión de la minuta en el Senado, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa. Sin embargo, el mercado actual de créditos en México, que se estima en alrededor de 470 mil millones de pesos, podría beneficiarse de una regulación que impulse la competencia y brinde mayor seguridad a los consumidores.
