Un juez federal ordenó la restitución inmediata de Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome, tras determinar que el proceso legislativo que condujo a su destitución violó derechos constitucionales. La sentencia, emitida este miércoles 30 de julio, obliga a que el alcalde recupere sus funciones en un plazo no mayor a 48 horas, con acceso pleno a recursos institucionales, percepciones económicas y facultades legales.
La resolución se dictó en el juicio de amparo promovido por Vargas Landeros, luego de que el Congreso de Sinaloa aprobara, el 1 y 2 de mayo pasado, una declaratoria de procedencia impulsada por la Fiscalía Anticorrupción estatal. Con base en ese acto, el entonces alcalde fue desaforado, destituido y se declaró vacante la presidencia municipal.
El juez federal afirmó que las autoridades responsables vulneraron principios constitucionales al ejecutar el procedimiento sin garantizar el debido proceso. Asimismo, el resolutivo ordena respetar la voluntad ciudadana que otorgó el voto a Vargas Landeros para el periodo 2024-2027.
Tras su separación, tres personas distintas ocuparon la alcaldía provisional en menos de 48 horas, lo que generó una crisis jurídica y política en el municipio. El Cabildo designó inicialmente a la regidora Rosa Margarita Velázquez, pero el Congreso local desconoció su nombramiento y designó en su lugar a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
Menéndez, cercano al gobernador Rubén Rocha Moya, recibió acusaciones de regidores locales por presionar políticamente y amenazar con destituciones a quienes no se alinearan a su gestión.
Este caso se suma a episodios similares en Sinaloa, donde los presidentes municipales de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Benítez, respectivamente, fueron removidos en 2022 y 2023 bajo señalamientos parecidos de corrupción. Se señala que esos procesos provinieron de instancias vinculadas al Ejecutivo estatal.
El fallo federal destaca que, mientras no exista sentencia firme en su contra, se debe preservar el derecho de Gerardo Vargas Landeros a ocupar el cargo para el cual fue electo.
La resolución subraya la obligación de las autoridades locales de cumplir con la Constitución, así como respetar la soberanía municipal y los principios democráticos que rigen la elección popular de sus representantes.
