Empresarios y vecinos del municipio de Tultitlán alzaron la voz a lo que consideran una red de extorsión institucionalizada que operaría desde el propio gobierno local. Testimonios recabados por El Heraldo de México revelan una serie de prácticas irregulares que apuntan directamente a funcionarios del Ayuntamiento.
De acuerdo con la columnista Laura Puente, varios comerciantes denunciaron que inspectores municipales realizan clausuras arbitrarias bajo el pretexto de revisiones administrativas. Posteriormente, estos mismos funcionarios ofrecerían “arreglos” informales fuera de toda vía legal, a cambio de pagos en efectivo.
Uno de los señalamientos más delicados involucra al Coordinador General de la Oficina de Presidencia, Erick Isachar Vega Chavarría, quien, según testimonios legales citados por la periodista, propondría estos acuerdos en reuniones privadas, supuestamente con la venia de la alcaldesa Ana María Castro Fernández, perteneciente a Morena.
Pese a que Tultitlán forma parte de los municipios bajo Alerta de Violencia de Género desde 2015, y figura en la lista de los 50 prioritarios en materia de seguridad del gobierno de Delfina Gómez, la demarcación ha quedado fuera de recientes operativos estatales como la “Operación Liberación”, desplegada en otras zonas del Estado de México en julio.
Las acusaciones también apuntan a presuntos conflictos de interés al interior del Ayuntamiento, pues al menos tres familiares directos de la presidenta municipal estarían ocupando cargos relevantes. Entre ellos, su cuñada, la exalcaldesa Elena García Martínez, y su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, quien actualmente se desempeña como secretario del Ayuntamiento.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer ninguna acción concreta por parte de las autoridades estatales o federales, aunque se sabe que el caso ya fue expuesto ante los gabinetes de seguridad.
