Por el desplazamiento forzado de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, víctimas de violencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobierno de Chihuahua, la Fiscalía estatal, a los alcaldes de Saucillo y Delicias, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El organismo nacional explicó que mediante el análisis del caso concluyó que se violaron los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de 102 personas afectadas por la violencia en esa entidad, a causa de diversas omisiones de las autoridades.
De acuerdo con algunas de las víctimas, los hechos ocurrieron en noviembre de 2010, cuando un joven del municipio de Saucillo fue privado de su libertad por desconocidos, y por quien su padré entregó 180 mil pesos a cambio de su libertad.
Sin embargo, entre 2010 y 2013, el grupo fue víctima de varios hechos delictivos que produjeron “la muerte de tres de sus miembros, el intento de homicidio de otro más, la muerte de cuatro personas que estaban en un inmueble del padre del joven, así como daños y robos en propiedades, provocando que 80 miembros del grupo familiar huyeran de sus lugares de residencia”.
Tras el análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias del expediente, expuso, se determinó que la actuación de cuatro agentes ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua no fue conducida hacia el esclarecimiento de los hechos, ni eficiente.
Se omitió recabar pruebas, testimonios y dar seguimiento a las líneas de investigación, “incumpliendo el estándar de la debida diligencia y plazo razonable, violando con ello los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de las víctimas”.
El organismo también corroboró que el gobierno y la fiscalía estatal, así como los ayuntamientos de Saucillo y Delicias violaron el derecho a la libertad de circulación y residencia de las personas desplazadas forzadamente, al no garantizar su seguridad pública, ni realizar labores de prevención de delitos.
Por ello, recomendó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, realizar un diagnóstico estatal y diseñar un protocolo de actuación para garantizar los derechos a la vida, salud, alimentación, vivienda y educación de las personas desplazadas, a fin de que se brinde atención eficaz a la población afectada.
Asimismo, analizar la pertinencia de presentar una iniciativa de Ley de Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado en esa entidad en que éste se tipifique como delito.
A la Fiscalía estatal le requirió realizar las diligencias para investigar los hechos denunciados y determinar conforme a derecho cinco carpetas de investigación, e iniciar una investigación administrativa por las irregularidades.
A la CEAV le propuso diseñar un protocolo de actuación para el reconocimiento y registro de la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, para garantizarles el ejercicio de sus derechos y brindar medidas de ayuda y atención oportuna.
