El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió ante senadores que el decreto presidencial que permite a militares realizar tareas de seguridad pública no amplía sus facultades.
Durazo Montaño aseguró que por el contrario, se regula su participación a 12 facultades, y de las cuales algunas más que atribuciones son obligaciones en su actuación.
Al comparecer virtualmente ante los legisladores, el funcionario informó también que a la fecha hay más de 50 mil militares y elementos de la Guardia Nacional realizando labores para atender la pandemia de COVID-19 en el país, resguardando hospitales, almacenes e incluso atendiendo a los enfermos.
Detalló que Sedena tiene un número aproximado de 27 mil 364 hombres en la Emergencia Sanitaria; 12 mil 508 de Semar; 10 mil 470 de la Guardia Nacional; y 637 pertenecientes al Servicio de Protección Federal.
“Que van desde el resguardo de almacenes, el resguardo de hospitales, el transporte de insumos prioritarios para la atención de los enfermos, hasta la distribución de alimento en algunas zonas más afectadas en el país”, resaltó .
Durazo Montaño, se reunió con senadores miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y otros legisladores invitados de todos los grupos parlamentarios, para presentar las estrategias y programas de acción de esa dependencia a su cargo, durante esta emergencia sanitaria, así como sus alcances y funciones.
Al darle la bienvenida, el presidente de la Junta, Ricardo Monreal, cuestionó al funcionario acerca del acuerdo publicado el pasado 11 de mayo y, en el cual, se contempla que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en funciones de seguridad pública. Dicho acuerdo resana una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recordó que la Corte Interamericana fijó parámetros para el uso de la fuerza y el cuidado de los Derechos Humanos, y las Fuerzas Armadas pueden actuar ahora pero a través de una participación extraordinaria, fiscalizada, subordinada, regulada y complementaria, como la ley lo establece.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, dijo que aunque se han recibido los informes oficiales en tiempo y forma, existen dudas sobre los últimos acontecimientos en el país.
Al hacer uso de la palabra, el secretario Durazo Montaño dijo que el acuerdo presidencial que da origen a la Guardia Nacional, no solo fue aprobado de manera unánime en el Congreso de la Unión, sino también por las 32 legislaturas locales.
El acuerdo es “un instrumento jurídico adicional que aterriza una disposición constitucional para darle mayor funcionalidad”.
Dijo también que el acuerdo no implica dar atribuciones al Ejército, por el contrario, con él se regula su participación a 12 facultades, y de las cuales algunas más que atribuciones son obligaciones que regulan su actuación. En otras labores, solamente actuará como apoyo.
Dijo que el acuerdo no es nuevo ni exclusivo del Ejecutivo, sino un instrumento jurídico adicional que aterriza una disposición constitucional para darle mayor funcionalidad al marco jurídico que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Aseguró que el decreto no implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues en el diagnóstico de la estrategia se contempla la necesidad de la reformulación del papel del ejército en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en la reforma para crear la Guardia Nacional.
Subrayó que el acuerdo no brinda facultades a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, sino que limita sus atribuciones en materia de seguridad pública establecidas en la reforma antes mencionada, específicamente en tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Detalló que respeta el acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no incluir facultades de investigación de delitos. Además, puntualizó, deja al margen facultades delicadas que son exclusivas de la Guardia Nacional, como operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas, recepción de denuncia, atención a víctimas, entre otras .
“Únicamente se le atribuyen facultades que complementan las capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia”, aseveró.
Reveló que, en julio del 2019, la Guardia Nacional contaba con el apoyo de 15 mil 375 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 615 de la Secretaría de Marina (Semar); para mayo de este año sólo cuentan con mil 920 de la Sedena y 225 de la Semar.
El funcionario destacó que esto se logró gracias a que la Guardia Nacional ha avanzado puntualmente en su programa de reclutamiento.
“Frente a cada reclutamiento viene un relevo proporcional de elementos del ejército y de la marina que realizaban tareas de seguridad pública”, explicó.
Debido a esto, consideró una contradicción hablar de militarización cuando el número de elementos de las Fuerzas Armadas va a la baja y las atribuciones que tienen éstas como coadyuvante también están acotadas.
Con información y fotografía del Senado de la República.
