La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro,Laura Rojas Hernández, y un grupo de diputadas presentaron al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y legisladores locales, la propuesta de tipo penal homologado del delito de feminicidio.
La legisladora Laura Rojas subrayó la necesidad de lograr la homologación, porque se trata de un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género y construir un país más justo e inclusivo.
La parlamentaria panista, resaltó que ese delito es del fuero común, por eso la importancia de que se trabaje en los códigos penales locales.
“El asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo es resultado de una sociedad machista, misógina y profundamente violenta. Desafortunadamente, en la sociedad no sólo se han normalizado los abusos hacia las mujeres, sino que se aprende, practica y ejerce la desigualdad y la discriminación”.
Dijo que hay un contexto de permisibilidad del Estado que, por acción u omisión, no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la vida y protección de las mujeres. “Muchas son violadas, torturadas, mutiladas y tiradas como bultos de basura en las calles, otras más asesinadas por sus parejas con saña, crueldad y odio”.
La panista expuso datos, dados por la propia Fiscalía General de la República (FGR) y apuntó que entre 2015 y 2020, el delito de feminicidio creció 137 por ciento; es decir, cuatro veces más que el resto de los homicidios.
Anotó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en 2019 se iniciaron, cada día, 559 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar y 279 mujeres recibieron atención médica por lesiones.
Además, la diputada indicó que la actual crisis por el COVID-19 puso a mujeres y niñas en mayor riesgo de sufrir violencia. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, desde que comenzaron las medidas de confinamiento las violencias se incrementaron 81 por ciento. Asimismo, de marzo a junio se atendieron 329 mil 944 llamadas de emergencia al 9-1-1, por incidentes de violencia de pareja e intrafamiliar.
En tanto , el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó que este ejercicio fue una labor encomiable entre las diputadas y la Fiscalía, que demuestra que se pueden unir fuerzas para lograr algo en favor de un género que está maltratado y que ha sido lastimado y sacrificado.
Consideró el hecho como inédito, porque agrupó a todas las legislaturas locales, con el fin de hacer lo que se tiene que hacer en todo el país: tener un criterio jurídico homologado para las mexicanas que sufren muerte por violencia.
Dijo que el proyecto de tipo penal es sólido; sin embargo, planteó agregar: “en la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público está obligado a constatar si existe alguna de las razones de género previstas en este artículo, para que en su caso se apliquen”.
Explicó que se trata de obligar al Ministerio Público de que cada vez que haya una muerte violenta de una mujer, tengan que ir a este tipo penal, independientemente del homicidio, para ver si es posible lograr el castigo suficiente.
“Sabemos los problemas de integración de los agentes de todo el país, y hay que obligarlos a que en todos los casos de muerte violenta acudan a esta figura legal para ver que se aplique la mayor pena a quien cometa el delito”, comentó.
“Estamos juntos y cuando lleguen a una conclusión, mi compromiso es someter a todos los fiscales del país a este nuevo criterio para establecer las nuevas obligaciones en el fuero común”, finalizó.
