Los ductos de gas LP en seis entidades mexicanas fueron blanco principal del robo de combustible en lo que va de 2024, con Puebla a la cabeza al registrar 426 tomas clandestinas, seguida por Veracruz con 245, Tlaxcala con 127, Ciudad de México con 94, Oaxaca con 25 y Querétaro con 16, según datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El análisis, realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), a través del estudio referido “Tomas clandestinas ductos de petrolíferos y gas LP 2024”, resalta que el fenómeno del huachigas afecta de forma directa al sector formal, el cual emplea a más de 200 mil personas, además de fortalecer estructuras delictivas y fomentar actos de extorsión.
A juicio de distribuidores legales, la operación de bandas que controlan zonas de distribución ha obligado a varias empresas a abandonar regiones específicas, debido al riesgo de accidentes y la inseguridad provocada por la presencia de estos grupos.
Las pérdidas económicas para PEMEX derivadas del robo de gas LP se estiman en aproximadamente 20 mil millones de pesos anuales, al tomar en cuenta tanto la perforación de ductos como la sustracción en refinerías. Por su parte, las compañías formales también enfrentan secuestros, amenazas, robo y clonación de equipos.
“Mediante la actividad del “Huachigas” se violenta el Estado de Derecho, crece la inseguridad, se desincentivan las inversiones productivas, se sustituye la actividad de una empresa legal que genera empleos formales y paga impuestos, tomando su lugar la delincuencia organizada”, advierten representantes del sector.
Durante su participación en el Congreso GLP 2023 de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), el presidente de la Asociación Mundial de Gas LP (WLPGA), James Rockall, declaró que el Gobierno mexicano debe actuar ante un problema que no se presenta en otras partes del mundo. Ese año se contabilizaron 2,470 tomas ilegales, es decir, 6.7 perforaciones por día.
“El robo de gas LP debería de ser un tema prioritario para las autoridades, a nosotros nos sorprende este fenómeno, ya que a nivel mundial no estamos acostumbrados a ver esto (huachigas), es un problema específico de México”, expresó Rockall en su mensaje.
Otra problemática señalada es la tarifa de distribución del gas LP, la cual ha permanecido congelada por debajo del punto de equilibrio durante los últimos seis meses. Esto ha afectado el pago de salarios y ha limitado inversiones clave en mantenimiento y prevención de accidentes.
Las quejas del gremio también apuntan a decisiones tomadas por Alejandro Castillo cuando encabezaba la dirección de hidrocarburos en la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se redujo la tarifa en un 50%, “de forma drástica y sin ningún fundamento técnico ni económico”, de acuerdo con los distribuidores.
Operar bajo estas condiciones implica altos costos para el sector formal, que requiere de más de 32 mil unidades de reparto, personal capacitado, infraestructura de almacenamiento y equipos de seguridad para distribuir gas LP casa por casa, recorriendo más de 60 millones de kilómetros al mes.
La petición de los distribuidores es clara: solicitan que la Secretaría de Energía (SENER), a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tome cartas en el asunto mediante su Comité Técnico, encabezado por Luz Elena González Escobar, para revisar la política tarifaria actual del gas LP.
