A tan solo siete meses de asumir la presidencia municipal de Tultitlán, en el Estado de México, Ana María Castro Fernández enfrenta diversas denuncias por presuntos actos de corrupción, nepotismo y persecución política. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha comenzado a investigar su administración, así como la de su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, hoy diputada local.
Según reportes de medios, desde enero de 2025 cuando Castro tomó el cargo se habrían asignado contratos por más de 72.7 millones de pesos, muchos de ellos mediante adjudicaciones directas o licitaciones donde participó un solo proveedor.
Además, continúan saliendo a la luz posibles irregularidades del gobierno anterior. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México inició una investigación, bajo el expediente TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, contra Castro Fernández y Elena García por supuestos malos manejos de recursos públicos, adjudicaciones sospechosas y uso político de sus cargos.
Vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 fueron quienes solicitaron formalmente la apertura del expediente, denunciando el desvío de 38.5 millones de pesos durante la gestión de García Martínez a favor de la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C.. El dinero se habría destinado a la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan, sin contar con escrituras legales que respaldaran la operación.
A ello se suma un pago adicional de 5 millones de pesos al Fonapho (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) en 2023, que no resolvió la situación legal de los predios. Las denuncias fueron presentadas tanto ante el Órgano Superior de Fiscalización como ante la Contraloría estatal en Naucalpan.
Habitantes de las colonias afectadas temen que se les despoje de sus viviendas a través de mecanismos políticos, como el intento de cambiar el nombre de la colonia a “Cuarta Transformación”, una medida que consideran diseñada para eliminar su identidad jurídica y debilitar sus derechos sobre las tierras.
Las críticas también han aumentado por el aparente nepotismo dentro del gobierno municipal. Diversos testimonios acusan que Elena García impulsó la candidatura de su cuñada, lo que ha sido interpretado como un movimiento para afianzar el control político en la región. Además, se ha señalado que al menos tres familiares cercanos a la actual alcaldesa ocupan cargos dentro del ayuntamiento.
Por su parte, empresarios locales han manifestado su preocupación por la excesiva burocracia y la corrupción que, aseguran, obstaculizan la inversión en el municipio. Esto impacta directamente en la economía local, donde el 42% de la población vive en condiciones de pobreza, según datos recientes.
A ello se suma la crisis de seguridad que afecta a Tultitlán. De acuerdo con cifras del INEGI, el 87.3% de los ciudadanos del Estado de México perciben su entorno como inseguro, y Tultitlán figura entre las zonas con mayores niveles de preocupación.
Fuentes cercanas al proceso legal aseguran que se han solicitado auditorías contables y peritajes que permitan esclarecer el uso de los recursos públicos municipales durante los años 2023 a 2025.
