A partir de la media noche de este lunes, miles de personas de la tercera edad —pensionadas de Banrural y de la extinta Luz y Fuerza del Centro— se quedaron sin servicio médico debido a que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) no logró concretar a tiempo la contratación del nuevo proveedor del servicio de salud.
La situación es el resultado de una serie de omisiones, retrasos y procesos fallidos por parte de la administración del INDEP, encabezada por Mónica Fernández Balboa, quien desde enero de este año ha pospuesto en múltiples ocasiones el fallo de una licitación valuada en más de 3 mil millones de pesos, destinada a otorgar atención médica a casi 15 mil adultos mayores beneficiarios de fideicomisos en extinción.
Según fuentes al interior del organismo, la licitación pública nacional lanzada por el INDEP quedó desierta el pasado 13 de junio, al no cumplir los participantes con los requisitos establecidos. Como alternativa, se abrió un proceso de invitación restringida, mismo que debía concluir con un fallo el 18 de julio, pero este también fue aplazado.
El problema es que todos los contratos actuales vencieron a la media noche del domingo 20 de julio, por lo que desde las primeras horas del lunes los derechohabientes han quedado sin acceso a atención médica. De manera insólita, el propio INDEP anunció que el fallo de la invitación restringida sería publicado hasta las 11 de la mañana, y horas después volvió a retrasarlo hasta las 6 de la tarde, dejando una ventana de al menos 18 horas sin cobertura médica para miles de personas de la tercera edad.
“Es una negligencia gravísima, no sólo administrativa sino humana”, expresó un exfuncionario del sector salud consultado por este medio. “Estás hablando de adultos mayores con padecimientos crónicos, que requieren medicamentos, consultas, seguimiento médico y en muchos casos hospitalización”.
Además, la opacidad del proceso ha encendido las alarmas. De acuerdo con especialistas y fuentes cercanas al caso, entre las empresas participantes se encuentran firmas vinculadas al llamado “cártel de la salud”, como Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Community Doctors (ahora con razón social Servicios Vitales Tecnológicos AR SA de CV), Challenge Consulting SC y Distribuidora Médica Daport. Todas ellas han sido señaladas en anteriores procesos por prácticas de subarrendamiento y por operar mediante prestanombres para acaparar contratos públicos.
Esto ha despertado sospechas de que el proceso podría estar siendo manipulado para favorecer a ciertos consorcios, a costa del bienestar de los derechohabientes. “Parece que están intentando ganar tiempo para acomodar a los de siempre. Y mientras tanto, las personas que más necesitan la atención médica están completamente desprotegidas”, denunció un representante legal de jubilados de Luz y Fuerza.
Al momento de la publicación de esta nota, el INDEP no ha emitido una postura oficial sobre los retrasos ni informado si garantizará retroactivamente la cobertura de los servicios médicos una vez que se asigne el nuevo contrato.
