Tras casi una década de litigios, Óscar Fernando Villarreal Martínez, empresario originario de Monclova, Coahuila, está un paso más cerca de enfrentar la justicia. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX desechó los últimos amparos promovidos por su defensa, permitiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de detención provisional con fines de extradición, vigente desde 2023.
Villarreal es requerido por autoridades de Estados Unidos por un esquema de fraude electrónico, lavado de dinero y evasión fiscal que habría dejado un daño superior a los 9 millones de dólares a más de 40 inversionistas, según documentos de la Corte Federal del Distrito Norte de Ohio. Su estructura operativa fue calificada como un esquema Ponzi.
En México, enfrenta cargos por fraude agravado. La sofom Crédito Real lo denunció en 2019 por un contrato fallido en Tulum, relacionado con arrendamiento de equipo por 3 millones de dólares que nunca fue cubierto. Las diligencias, que incluyen peritajes en grafoscopía, se reactivaron recientemente.
El caso ha estado marcado por la opacidad en contratos con el Estado. En 2013, pese a estar inhabilitado, Villarreal obtuvo un contrato con Pemex por 165 millones de dólares, financiado por empresas ligadas a Eduardo Tricio (Grupo Lala) y Daniel Servitje (Grupo Bimbo). Se presume que desvió parte de esos fondos a litigios personales en EU.
En 2014 fue detenido en Tabasco y liberado tras comprometer acciones y equipo a sus acreedores. Años después, impugnó los contratos. Su localización más reciente fue en Campeche, pero se sospecha que opera actualmente en San Miguel de Allende, donde estaría activo en desarrollos inmobiliarios.
La resolución judicial deja sin protección legal a Villarreal frente al proceso de extradición. El caso pone de nuevo sobre la mesa los riesgos del descontrol financiero en sectores empresariales con acceso a contratos públicos y esquemas de inversión privada sin regulación estricta.
