Una supuesta diligencia de embargo habría sido realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la agencia Volkswagen Surman DAS, situada sobre Avenida Central en Nezahualcóyotl, Estado de México, por la presunta venta de un vehículo seminuevo remarcado, conforme a publicaciones difundidas en redes sociales.
Los reportes indican que la acción ocurrió el 6 de noviembre, después de haberse detectado posibles irregularidades en la comercialización de automóviles usados, lo cual habría propiciado la intervención de la autoridad fiscal.
Según estas versiones, las unidades involucradas serían vehículos remarcados, aquellos con número de serie alterado tras robo, siniestro o reconstrucción, que, pese a contar con factura nacional, enfrentan restricciones legales y pueden representar un riesgo para los compradores si no se revela su condición.
El incidente coincide con un aumento en las inconformidades de clientes hacia el conglomerado automotriz. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registra 39 quejas contra Surman Anzures, 34 en Surman Ecatepec y 27 en Surman Laguna, además de otras filiales enlistadas bajo distintas razones sociales.
La relevancia del caso radica en que Grupo Surman mantiene vínculos comerciales con el gobierno federal y entidades locales. En 2025, obtuvo un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) valuado en 531 millones 462 mil 929 pesos para adquirir 465 vehículos CRP tipo Sedán o SUV.
Con presencia en diez entidades, incluidas Coahuila, Sonora, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, el consorcio es uno de los principales grupos automotrices nacionales, con 49 marcas en su portafolio, entre ellas Chevrolet, Volkswagen, Ford, Nissan, Kia y Hyundai, así como marcas de lujo como BMW, Porsche, Bentley y Jaguar.
El corporativo está encabezado por Yussef Mansur González y los hermanos Hassan y Samir Mansur, socios en distintas empresas del grupo. La familia Mansur ha enfrentado procedimientos administrativos y sanciones por presuntas irregularidades en licitaciones públicas.
Durante 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una inhabilitación de tres meses a Surman Poniente, de los Mansur, y a Sumacortec S.A. de C.V., de Édgar Beltrán Barona, tras acreditar que presentaron documentos falsos en la licitación LA-21-510-021000999-N-60-2023 de la Secretaría de Turismo (Sectur), destinada a la compra de 55 radio patrullas para Ángeles Verdes. Tras confirmar la falsedad de las cartas de fabricantes de equipo de señalización, la dependencia resolvió descalificar del concurso a las empresas involucradas.
En 2025, investigaciones periodísticas revelaron denuncias contra Grupo Surman por presuntos contratos públicos gestionados irregularmente por el ciudadano brasileño Thiago De Magalhaes, cuyas operaciones en México habrían motivado indagatorias ante la Fiscalía General de la República, el SAT y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
