En medio de la sobrecarga informativa que envuelve al país -escándalos de corrupción, incremento de la violencia en estados como Michoacán, manifestaciones reprimidas y otras con el libre acceso al Zócalo de la Ciudad de México, bloqueos de sectores inconformes que demandan soluciones a sus problemas, indicadores económicos negativos, entre otros incidentes más-, hemos dejado de observar el trabajo de los diputados federales y el resultado de su productividad legislativa.
Son diputados electos por los ciudadanos, obligados a informar, transparentar y entregar resultados de su gestión y del uso de recursos públicos porque devengan un salario que sale de las contribuciones de todos los mexicanos.
Esta mención es porque estos legisladores federales en noviembre pasado, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año, discretamente se otorgaron un incremento salarial. Con este ajuste cada uno recibirá una remuneración neta anual de 1 millón 307 mil 224 pesos, 113 mil pesos más que en 2025.
El aumento a su sueldo bruto será de 4.7%, lo que implica 5 mil 200 pesos adicionales al mes, al pasar de 105 mil 378 a 110 mil 578 pesos, además del incremento en sus prestaciones. A ello se suma un nuevo Seguro de Vida Institucional de casi 60 mil pesos. Ni hablar sobre el resto de los apoyos que tienen como asistencia legislativa, atención ciudadana, vehículos, telefonía, entre otros beneficios más.
Convendría escuchar la opinión de los más de 62 millones de mexicanos que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) sobre estos privilegios legislativos. Especialmente si comparamos ese incremento con el aumento al salario mínimo de los trabajadores anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum: 5% en la zona libre de la frontera norte para alcanzar 13,409.80 pesos mensuales y 13% en el resto del país para llegar a los 9,582.47 pesos mensuales.
En la mañanera del 3 de diciembre, la presidenta de México dijo que ese aumento está orientado a disminuir la desigualdad, siendo un acto de justicia para quienes ganan un salario mínimo. Pero es importante recordar que ese aumento llegará solo al 44.3% de la PEA porque el resto, 33 millones de personas trabajan en la informalidad.
Ante esto surgen un par de cuestionamientos ineludibles: ¿qué están haciendo los diputados federales para fortalecer las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo para reducir la desigualdad, la informalidad laboral y el rezago económico? Y ¿qué iniciativas han presentado para flexibilizar el marco jurídico que facilite e incentive la inversión, la productividad y el apoyo al 99.8% de las empresas del país, las MIPYMES, para que generen más empleos formales y mejor remunerados?
Porque lo que vemos en realidad es una indolencia, los legisladores parecen estar más preocupados por mantener sus privilegios que por resolver los problemas estructurales del país. Su aumento salarial evidencia una desconexión profunda con el sentir del pueblo de México.
En lo que va la LXVI Legislatura, en la Cámara de Diputados, según su página oficial, al 8 de diciembre los diputados federales han presentado 3 mil 119 iniciativas, aprobando únicamente 124 en 139 sesiones a las que le han destinado 641 horas. Esto sin contar el cuestionable home office que realizan, desde una cancha de pádel, en un restaurante, en su camioneta, en el aeropuerto y en cualquier sitio ajeno a su responsabilidad institucional.
Por si fuera poco, los legisladores decidieron iniciar vacaciones este 11 de diciembre y regresar a sus actividades hasta el 1 de febrero, cuando inicia el segundo periodo del segundo año legislativo.
Este comportamiento solo refleja el desprecio de los diputados hacia la Legislatura y hacia el ciudadano, síntomas claros de una enfermedad profunda: la impunidad institucional y la corrupción moral.
Los diputados viven dentro de una burbuja de privilegios que los inmuniza contra la realidad, valdría cuestionarse: ¿cuánto vale la ley que no aprueban y cuánto cuesta el problema que no resuelven?
México no puede seguir financiando a representantes que legislan para sí mismos mientras ignoran las necesidades de millones de mexicanos. La indignación ciudadana debe convertirse en vigilancia, exigencia y participación, porque un país avanza cuando sus legisladores son ejemplo de trabajo y ética, no cuando se convierten en sus principales saboteadores.
La democracia no se debilita por falta de leyes, sino por el exceso de privilegios de quienes deberían defenderla, ya es hora de que los diputados rindan cuentas y que la ciudadanía los obligue a hacerlo.
