Un conjunto de proveedores identificado como el “cártel de la limpieza” concentró este tipo de contratos en diversas dependencias federales, y en ese contexto el ISSSTE adjudicó en el cierre de 2025 un contrato por un monto máximo de 2 mil 412 millones de pesos para servicios de aseo, higiene y desinfección en sus inmuebles a nivel nacional, formalizado el 24 de diciembre y otorgado a una empresa vinculada con ese grupo.
En participación conjunta con otras empresas del ramo, Hurga Sanitización y Limpieza, S.A. de C.V. obtuvo la contratación derivada de la Licitación Pública LA-51-GYN-051GYN005-N-1-2026, para prestar el servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Desde la conducción institucional, la Dirección de Administración del ISSSTE, bajo la titularidad de Omar Butrón Fosado, fue la encargada de establecer los criterios técnicos, administrativos y económicos aplicados en la evaluación de las propuestas.
Dentro de la documentación requerida, se incluyó la NOM-241-SSA-2012, que establece buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a dispositivos médicos; sin embargo, esa norma fue actualizada y sustituida por la NOM-241-SSA1-2025, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 2024, lo que llama la atención.
Especialistas consideran que la exigencia de una norma derogada puede alterar las condiciones de competencia del procedimiento, al restringir la participación de proveedores que cumplen con la normatividad vigente.
Por su alcance, el contrato forma parte de los servicios integrales de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones administrativas, médicas y hospitalarias del Instituto, uno de los rubros con mayor peso dentro del gasto corriente del ISSSTE.
En cuanto a la empresa adjudicataria, Hurga Sanitización y Limpieza ha sido señalada como parte de un esquema empresarial que, a través de diversas razones sociales, ha concentrado contratos de limpieza en dependencias federales, encabezado por José Juan Reyes Domínguez, conocido como “El Rey de la Limpieza”.
El señalamiento se suma a denuncias existentes en el sector salud ante autoridades laborales y de seguridad social, que refieren la falta de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de más de 13 mil trabajadores empleados en servicios de limpieza por empresas relacionadas con este esquema, como Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales y Servicios Integrales Retimar.
Dichas denuncias estiman que la omisión en el pago de cuotas obrero-patronales podría representar un quebranto superior a 20 millones de pesos mensuales, con un impacto acumulado que superaría los 150 millones de pesos en perjuicio de las finanzas públicas.
