El aumento del precio internacional del crudo provocado por el conflicto armado en Medio Oriente podría convertirse en un nuevo factor de presión para la economía mexicana, al impactar la inflación, las finanzas públicas y el crecimiento económico de México, que mantiene una fuerte dependencia de combustibles importados.
A medida que las tensiones geopolíticas se intensifiquen, el nerviosismo y la aversión al riesgo en los mercados energético y económico se irán agudizando. En tan solo una semana de escalada bélica, los precios del petróleo han aumentado en el mundo.
En nuestro país, la mezcla mexicana registró un alza del 31.8% por barril, cerrando el pasado viernes en 83.64 dólares. Este precio se sitúa 52.7% por arriba de lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica 2026, donde se estimaba un promedio de 54.9 dólares por barril.
Si bien este incremento supone ingresos excedentes para el Gobierno, lo que realmente representa es un desafío para las autoridades, quienes deberán estar preparadas para controlar y mantener la salud de las finanzas públicas.
México, pese a su perfil exportador de petróleo, importa casi el 60% de la gasolina que se consume al no haber alcanzado la autosuficiencia prometida en el sexenio anterior, dependencia que mantiene al país en una situación de vulnerabilidad al ser rehén del mercado energético internacional y colocarlo ante un riesgo fiscal.
Un aumento en el precio de los combustibles -gasolina, diésel, turbosina y gas- detonará incertidumbre e inestabilidad en todas las cadenas productivas, porque el impacto no se limitará al trasporte, sino afectará al campo, la manufactura y la industria, al encarecerse el precio de los fertilizantes, el poliéster, los plásticos, la materia prima y demás insumos como el acero, el aluminio, los semiconductores, etc.
Elevando así los costos de producción, reduciendo los márgenes de utilidad de las empresas y aumentando el precio de las mercancías. El resultado será una espiral inflacionaria que golpeará a la canasta básica y contraerá el consumo.
En este contexto, también existe la posibilidad de que el Banco de México frene el ciclo de reducción de la tasa de interés, que se espera discutir en su reunión del 26 de marzo próximo. De darse este escenario, el crédito podría encarecerse.
Es así que no bastará con el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina para evitar y controlar su incremento, este amortiguador será rebasado, porque al dejar de recaudar recursos, se generará un boquete en las finanzas públicas, obligando al Gobierno a reorientar el gasto público, a frenar sus inversiones para mantener sus programas sociales, comprometiendo el crecimiento del país y la confianza de los grandes capitales.
Por el otro lado, si permite el aumento de precios en la gasolina, el impacto recaerá sobre los consumidores, erosionando su capital político.
Todo ello ocurre en un entorno internacional complejo, marcado por la incertidumbre generada por la renegociación del T-MEC, los aranceles comerciales de Estados Unidos y la evolución de su economía; además de la necesidad de mayor certeza jurídica para la inversión privada.
Ante este panorama, México requiere de una estrategia energética y económica integral que permita reducir su vulnerabilidad ante choques externos y proteja a los sectores económicos y al consumidor.
El país navega en aguas turbulentas, donde el beneficio de un petróleo caro podría ser devorado por el costo de evitar el descontento social. Más aún cuando la economía mexicana viene de un crecimiento de apenas 0.7% en 2025, según el INEGI, por lo que las estimaciones de crecimiento de la OCDE (1.4%) y del Banco de México (1.6%) parecen objetivos difíciles de alcanzar.
En este escenario, el verdadero desafío no será administrar los ingresos petroleros extraordinarios, sino reducir las vulnerabilidades estructurales de una economía que aún depende de factores externos para sostener su estabilidad.
