El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se encuentra bajo escrutinio interno tras la orden de la Dirección de Administración para centralizar los accesos financieros de las Administraciones Únicas regionales, al involucrar el manejo de más de 600 millones de pesos destinados a inmuebles federales.
La operación de los Inmuebles Federales Compartidos (IFC), donde conviven diversas dependencias, depende de servicios de seguridad, limpieza, fumigación y jardinería que históricamente han sido financiados con recursos ejercidos por las Administraciones Únicas locales.
Hacia el cierre de 2025 se planteó formalmente al interior del instituto un proceso para que el área administrativa central tomara el control absoluto de dichos accesos financieros.
Dirigido a la Dirección de Administración, Operación y Mantenimiento de Inmuebles Federales Compartidos, el 3 de diciembre de 2025 se emitió el oficio DGAPIF/2903/2025, el cual cuenta con la firma de Álvaro Lomelí Covarrubias, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal.
En dicho documento se demanda la entrega total de usuarios, contraseñas, dispositivos electrónicos, tarjetas físicas o digitales y cualquier herramienta de las Administraciones Únicas para disponer de recursos, así como todos los accesos físicos y electrónicos de la administración de los IFC.
El objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos vinculados a los inmuebles federales compartidos es la justificación que ofrece el oficio para esta solicitud.
No obstante, fuentes dentro del instituto que encabeza Pablo Escalona Almeraya advierten que la centralización de decisiones para los contratos de operación de 2026 podría ser vista como una oportunidad ante la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas.
El escrito establece además que la entrega de la información debía realizarse por paquetería a más tardar el 8 de diciembre de 2025, especificando explícitamente que no se concederían prórrogas para el cumplimiento.
Valorar si el proceso se ajustó al marco normativo correspondería, en este contexto, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro, a fin de determinar si se requiere una revisión formal que garantice la transparencia en los recursos de inmuebles federales.
