Por Rita Magaña Torres
La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al Senado para explicar la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad fue calificado por senadores de Morena como “desacato político”, mientras la oposición defendió la decisión y acusó de un uso político del caso.
Desde tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que la reunión fue cancelada luego de recibir el oficio de la mandatara estatal para declinar sus asistencia al encuentro.
Cabe recordar que se buscaba que Maru Campos explicara hechos ocurridos donde presuntamente participaron agentes extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, lo que de acuerdo con el informe presentado, podría constituir violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Cantón Zetina detalló que los hechos podrían representar una transgresión de gran magnitud al involucrar la posible intervención de agentes extranjeros sin autorización federal, así como la omisión de informar oportunamente al gobierno de México y la falta de coordinación institucional.
El legislador morenista advirtió que, conforme a la Constitución, ninguna entidad puede asumir atribuciones en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales o control de agentes extranjeros, por lo que cualquier actuación unilateral podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó la ausencia de la gobernadora como un “desacato político, institucional y republicano”, pues se trataba de un ejercicio legítimo de rendición de cuentas.
Afirmó que los hechos en Chihuahua constituyen una violación a la soberanía nacional y a diversos artículos constitucionales y de la Ley de Seguridad Nacional.
Trasviña indicó que la creación de una unidad especializada por parte de la Fiscalía estatal para investigar los hechos es ilegal, al tratarse de delitos del orden federal que corresponden a la Fiscalía General de la República.
La respuesta de la oposición vino por parte del coordinadordel PAN, Ricardo Anaya, quien defendió la actuación del gobierno de Chihuahua y acusó que el caso ha sido sobredimensionado con fines políticos.
También denunció que no se da la misma relevancia a casos que involucran a funcionarios afines al oficialismo, como el del gobernador de Sinaloa, a quien le fue retirada la visa estadounidense y que presuntamente tenía vínculos indirectos con un narcotraficante.
“El problema es que les parece gravísimo que una gobernadora combata al crimen organizado, pero no les parece grave cuando se trata de sus propios gobernadores”, reprochó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el caso evidencia fallas estructurales en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Señaló omisiones tanto a nivel federal como estatal, así como la falta de operación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, lo que ha generado vacíos de supervisión.
El debate también estuvo marcado por confrontaciones verbales, como las protagonizadas por el senador de Morena, Javier Corral, con la panista, Lilly Téllez, quienes intercambiaron acusaciones y descalificaciones.
Del PRI, Claudia Anaya, se pronunció en el Senado a favor del orden constitucional y legal del país, pues México debe cerrar filas en defensa de su soberanía frente a cualquier acto de injerencia extranjera.
Cuestionó la presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del país, particularmente en Chihuahua, y planteó interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tienen las autoridades mexicanas en materia de inteligencia y contrainteligencia.
Anaya llamó a revisar el papel de las instituciones de seguridad e inteligencia, incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y áreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, al advertir posibles fallas en el flujo de información sobre la presencia de agentes extranjeros.
Planteó que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad corresponde directamente a la Presidencia de la República, por lo que pidió que las investigaciones se conduzcan con responsabilidad institucional.
“Ni culpando a los muertos van a evitar toda la responsabilidad que tuvieron los vivos”, remató el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
