Por Rita Magaña Torres
El Senado recibió el llamado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, recibió el proyecto y confió en apoyo a la propuesta para su aprobación.
La senadora de Morena mencionó que se recibió esta propuesta, que es trascendental para el país, enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Laura Itzel Castillo expresó que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, con el objetivo de reducir privilegios y fortalecer la Revocación de Mandato es consciente de que los senadores tenemos un compromiso fuerte con el pueblo, así como dentro de la Cuarta Transformación.
Indicó que es un proyecto que efectivamente, como se ha dicho, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, por eso contará con el apoyo y que en eso estaremos trabajando contundentemente.
En la entrega del “Plan B”, Ignacio Mier, coordinador de Morena, señaló que la iniciativa presidencial es generosa, noble para México, el pueblo, la democracia participativa, sobre todo la austeridad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmóque los funcionarios públicos, especialmente dirigentes y quienes son representantes populares gracias al voto y la confianza de las y los mexicanos, deben de ser congruentes y consistentes con el principio de austeridad republicana.
Señaló que la coalición entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde con Morena van juntos para la aprobación del “Plan B”, lo cual ya fue ratificado.
El proyecto plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, además de incluir nueve disposiciones transitorias.
En el apartado de Revocación de Mandato, propone ampliar el periodo en el que puede realizarse este ejercicio, de modo que tenga lugar en el tercer o cuarto año (2027 o 2028) del mandato del Ejecutivo federal.
Establece que la persona sujeta a este mecanismo —en este caso, la presidenta de la República— podrá participar en la difusión del proceso e incluso promover el voto a su favor, en los términos que determine la legislación correspondiente.
En lo que corresponde al apartado municipal, la iniciativa contempla que cada ayuntamiento cuente únicamente con una sindicatura y de 7 a 15 regidurías.
“Ningún presidente municipal ni regidor podrá recibir ingresos superiores a los establecidos oficialmente ni acceder a bonos, seguros u otros beneficios adicionales financiados con recursos públicos”, precisa la iniciativa.
El documento propone que las constituciones de las entidades federativas fijen un límite al presupuesto anual de los congresos locales, el cual no deberá superar el 0.7 por ciento del total del presupuesto de egresos estatal.
El “Plan B” también contempla límites a las remuneraciones de consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas y homólogas del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales en las entidades federativas, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.
Estos funcionarios según la iniciativa no podrán adquirir o contratar recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
El proyecto busca un doble objetivo: garantizar un uso más austero de los recursos públicos y ampliar las herramientas para que la ciudadanía pueda remover a sus autoridades.
El punto central de la iniciativa no es únicamente la reducción de privilegios, sino el fortalecimiento de la revocación de mandato como instrumento de control político directo.
El texto subraya que la soberanía reside en el pueblo y que éste debe contar con mecanismos efectivos para “alterar o modificar la forma de su gobierno”, lo que coloca la revocación como una vía institucional para destituir a gobernantes que no respondan al interés público .
La propuesta refuerza una narrativa clave del gobierno: trasladar mayor poder de decisión a la ciudadanía por encima de las estructuras tradicionales de representación.
Plantea que la reforma responde a problemas históricos como:
•Desigualdad social
•Corrupción
•Despilfarro de recursos públicos
•Uso ineficiente del gasto
Señala que estos factores han afectado la administración pública, especialmente en etapas previas, por lo que se propone eliminar privilegios en presupuestos, remuneraciones y gasto público .
El documento insiste en que los ahorros generados deberán destinarse a los sectores más necesitados.
