Por Rita Magaña Torres
Con la ausencia de senadores del PT, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría de votos el proyecto de dictamen en materia electoral llamado Plan B, que se turnó a la Mesa Directiva para los efectos legislativos, en su caso ponerla a consideración del pleno senatorial para su discusión este miércoles.
El vacío que hicieron los senadores del PT, partido aliado de Morena, Alejandro González Yáñez y Lizbeth Sánchez, en la reunión de las comisiones unidas fue notorio, y la oposición no perdió la oportunidad de fijar su postura sobre el dictamen.
Por el PRI, Claudia Anaya defendió el federalismo como un principio histórico y constitucional de México, al advertir que la iniciativa vulnera la soberanía de estados y municipios.
“Parece que Morena se le olvidó el siglo XIX, se salta en la historia, para los de Morena ganaron los federalistas, los liberales y eso significa que establecimos y ratificamos en nuestras tres constituciones principios básicos republicanos y federalistas, que están hoy día en la Constitución y debemos de respetar”, expresó.
Por esa razón, indicó que el tricolor no comparte esta intención de venir a seguir mancillando la Constitución, trastocando estos principios federalistas y republicanos.
Del lado del PAN, fue Marko Cortés quien anunció el voto en contra de su bancada a la iniciativa electoral impulsada por el gobierno federal, al acusar que se trata de una reforma “desde el poder para el poder”.
“La oposición iremos en contra, la iniciativa de la Presidenta no resuelve los problemas principales de la democracia, al contrario, es hipócrita la iniciativa de la Presidenta, hablan de reducir privilegios, (pero) lo único que está haciendo es darle más privilegio a la Presidenta de la República para que se pueda promover en su revocación de mandato, que no le está pidiendo a la gente, que ella quiere ir a la boleta, y es falsa porque no hay ahorro”, señaló.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, también dejó en claro el voto en contra de su fracción, al considerar que la reforma electoral traiciona principios, como la revocación de mandato, la austeridad y el federalismo.
“Por más que nos lo quiera vender como un ejercicio democrático, no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda cuando pretenden empatar esto con el proceso electoral ordinario”, manifestó.
Precisó que se habla de que quien está sujeta al escrutinio ciudadano puede usar la investidura presidencial, la comunicación institucional y la presencia pública del cargo para influir en el resultado del proceso que la evalúa.
“Perdón, pero yo sé que han estado batallando últimamente de manera interna, pero la responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país y que la quieran sacar a hacer campaña no es sólo un acto desesperado, es por mucho muy negligente”, advirtió.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, planteó que con dos mil millones de pesos que costará la revocación de mandato se pueden resolver problemas en comunidades indígenas y rurales para mejorar los servicios de salud, rehabilitar carreteras, así como reparar hospitales y escuelas en malas condiciones.
Criticó que, tras casi ocho años en el poder, el actual gobierno continúe atribuyendo fallas a administraciones pasadas, en cambio les toca gobernar y hacerse cargo.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, afirmó que esta probablemente es la iniciativa más pobre, mal hecha y peor elaborada que ha mandado la Presidenta de la República a este Senado.
El dictamen que reforma la Constitución, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea cambios estructurales bajo el principio de austeridad republicana, fortalecimiento de la democracia participativa y la eficiencia en el uso de recursos públicos, así como la eliminación de privilegios en la alta burocracia.
Propone ajustar las remuneraciones de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los límites constitucionales y prohibir el uso de recursos públicos para seguros privados, fondos especiales de ahorro o beneficios adicionales no contemplados en la ley.
Establece la reducción presupuestaria del Senado en hasta 15% respecto al ejercicio de 2026, así como criterios de proporcionalidad para el gasto de los congresos locales, a fin de garantizar un uso más eficiente del erario.
En materia municipal, la reforma propone redefinir la integración de ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 regidurías por municipio y una sola sindicatura, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas y reducir costos administrativos.
Los recursos ahorrados deberán destinarse a servicios públicos e infraestructura local.
También pretende el fortalecimiento de la revocación de mandato como instrumento de control democrático.
Plantea que el proceso sólo pueda realizarse una vez durante el sexenio presidencial y que pueda solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
Además, se incluyen medidas para garantizar la imparcialidad del ejercicio, como la prohibición del uso de recursos públicos y propaganda gubernamental para influir en la consulta, así como la suspensión de difusión en los días previos a la votación.
El dictamen incorpora principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de órganos de gobierno y en la aplicación de las reformas.
Las comisiones argumentaron que estas medidas buscan fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno, reducir las desigualdades en el ejercicio del poder y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar social.
