Desde la implementación del “Impuesto Verde” en 2022, desarrolladores consultados señalaron que se registró un aumento importante en el precio de insumos como triturados, block, cemento y yeso, lo que ha repercutido directamente en el costo final de las casas destinadas a familias de menores ingresos; de acuerdo con información publicada por El Norte, el gravamen aplicado a las pedreras en Nuevo León ha impactado de forma significativa en los costos de construcción y, particularmente, en el precio de la vivienda social.
De acuerdo con un estudio elaborado por desarrolladores del estado, el precio de la vivienda de interés social ha aumentado 52% desde 2019, incremento en el que el impuesto aplicado a la industria extractiva habría tenido un peso relevante; el análisis indica que materiales como arena y grava han registrado alzas de hasta 188%, mientras que otros insumos presentan incrementos superiores al 100%, como el block, con aumentos cercanos al 100%, lo que ha encarecido los proyectos habitacionales.
El mayor impacto se observa en las viviendas más pequeñas, especialmente las casas de un nivel de alrededor de 48 metros cuadrados, donde se reporta un aumento general cercano al 57%; en las viviendas de dos niveles de aproximadamente 62 metros cuadrados, el incremento ronda el 50%, mientras que en las de mayor tamaño el alza alcanza cerca del 49%.
El encarecimiento de los materiales ha provocado que algunos proyectos de vivienda social dejaran de ofrecerse, debido a que los precios finales superaban la capacidad de compra de muchas familias, según señalaron desarrolladores consultados por el medio.
A estas condiciones se suman otras presiones reportadas por el sector; la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Nuevo León ha señalado que desarrolladores enfrentan cobros irregulares por parte de autoridades municipales, los cuales pueden alcanzar entre 2% y 3% del valor total de los proyectos.
Estas prácticas, de acuerdo con Javier Treviño, presidente estatal del organismo, forman parte de un “modus operandi” que incluye pagos para agilizar trámites, autorizaciones o permisos de uso de suelo, según declaraciones realizadas ante medios de comunicación.
Según Canadevi, estos cobros no se limitan a dinero, ya que en algunos casos se solicitan aportaciones en especie, como participación en desarrollos, entrega de tierra o incluso unidades habitacionales; el organismo también ha advertido que estos esquemas se replican en distintos municipios y pueden implicar retrasos en procesos administrativos como mecanismo de presión.
En paralelo, organismos empresariales han reportado casos de extorsión en otras áreas, como el transporte, donde se han señalado cobros de hasta 30 mil pesos mensuales para permitir la operación en determinados municipios.
En este contexto, el sector extractivo también ha estado en el centro del debate; en los últimos meses, la empresa Matrimar y el Gobierno estatal encabezado por Samuel García han mantenido una confrontación pública derivada de clausuras, auditorías y disputas por el pago del impuesto ambiental.
La compañía ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y ha obtenido suspensiones judiciales federales para reabrir sus operaciones, mientras que autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios; el conflicto escaló tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación, lo que derivó en denuncias por presunta extorsión y en la petición del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
Para desarrolladores y organismos empresariales, la combinación de incrementos en materiales, cargas fiscales y señalamientos de cobros irregulares está incidiendo directamente en el encarecimiento de la vivienda en Nuevo León, particularmente en el segmento social, donde la oferta se ha visto limitada en los últimos años.
