Irregularidades en la operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco fueron denunciadas por productores y fuentes del sector ganadero, quienes señalaron que más de 10 mil reses distribuidas anualmente no serían de origen nacional dentro de este esquema federal.
Los ejemplares serían adquiridos a precios bajos en el mercado extranjero y posteriormente entregados al gobierno estatal como ganado mexicano, lo que generaría márgenes de beneficio económico superiores a los 100 millones de pesos por ciclo; de acuerdo con las fuentes consultadas, la mayoría de las aproximadamente 16 mil novillonas que el programa distribuye anualmente en la entidad provendría de Centroamérica.
En un contexto donde México enfrenta restricciones de exportación hacia el norte por brotes de gusano barrenador, especialistas advirtieron que el ingreso de ganado sin controles adecuados implica un riesgo sanitario relevante, lo que podría comprometer la sanidad pecuaria nacional, además del impacto financiero.
La preocupación también se centra en el posible uso irregular de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA), los cuales permiten identificar el origen de los animales; de acuerdo con las denuncias, estos dispositivos podrían estar siendo utilizados para registrar ganado extranjero dentro de los esquemas nacionales.
Entre las denuncias, productores que solicitaron el anonimato señalaron la posible participación de figuras del ámbito político y ganadero, entre ellas Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario del gobierno estatal, y el senador José Sabino Herrera Dagdug.
Para los afectados, este tipo de prácticas podría incidir en las condiciones del mercado, particularmente para quienes participan en la producción local bajo esquemas formales.
De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno estatal, el tema ya es del conocimiento del mandatario Javier May Rodríguez, y se contemplarían posibles cambios en el gabinete, entre ellos la eventual salida de Joaquín Alejandro Ligonio.
Por otra parte, trascendió que este modelo de operación habría sido planteado a Marco Antonio Barba Arocha para replicarlo en Chiapas; sin embargo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha mantenido una postura de vigilancia estricta sobre la transparencia de los programas sociales y la protección del estatus sanitario.
