Por Rita Magaña Torres
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que el partido guinda “no será el payaso de las cachetadas”, ante el ataque sistemático de la oposición por las acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con el crimen organizado de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, ocho de sus colaboradores y el senador Enrique Inzunza.
En cambio, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió la detención inmediata de Rubén Rocha, promover su juicio político y la desaparición de poderes en Sinaloa.
En conferencia de prensa, Ignacio Mier precisó que cualquier investigación debe seguir el marco jurídico y el movimiento oficialista no encubrirá a nadie, pero tampoco aceptará acusaciones sin sustento, al tiempo que rechazó meter las manos al fuego por Rocha, Inzunza o cualquier otro señalado.
Indicó que a pesar de que en democracia existe el derecho a la crítica, no se permitirá que el movimiento de la Cuarta Transformación sea utilizada como blanco permanente de descalificaciones sin sustento.
“Hay que decirlo claramente, tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas, no lo vamos a permitir, porque tenemos una deuda social, política con el pueblo de México, lo digo con la mayor responsabilidad y el respeto al proceso”, afirmó.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que las elecciones del 2027 serán una buena oportunidad para que el pueblo de México juzgue el desempeño de sus gobernantes y representantes populares.
El senador por Puebla defendió la soberanía nacional y la llamada Cuarta Transformación, al expresar que las acusaciones deben probarse con evidencia y seguir el cauce legal.
Insistió en que los señalamientos contra figuras políticas deben sustentarse en pruebas y no en dichos o filtraciones.
En cambio, sseguró que en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, existen “pruebas contundentes” de violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional que podrían derivar en una traición a la patria.
Consideró que será la Fiscalía General de la República la que determine lo que procede en su caso, igual que en el caso Rocha Moya, Inzunza y los demás señalados por autoridades de Estados Unidos.
En su oportunidad, Ricardo Anaya, señaló que en Sinaloa existiría una grave crisis institucional derivada de la supuesta infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno, por lo que planteó medidas extraordinarias de carácter constitucional.
Durante su intervención en la Comisión Permanente, Anaya afirmó que debe procederse a la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de supuestos mecanismos de cooperación internacional y tratados de extradición entre México y Estados Unidos.
Expresó que no existen impedimentos legales para ejecutar una detención provisional, y acusó que los argumentos del oficialismo para no actuar serían, en su visión, “pretextos” para proteger al mandatario estatal.
Como segunda medida, el PAN anunció que promoverá un juicio político contra Rocha Moya, con el objetivo de lograr su inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por dos décadas.
Anaya aclaró que esta acción es necesaria debido a la gravedad de las acusaciones que atribuye al gobernador y a la supuesta permanencia de estructuras criminales en el poder público estatal.
El tercer eje de la propuesta panista es la solicitud formal de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, facultad exclusiva del Senado de la República en casos de ruptura del orden constitucional.
