De no responder la política económica que implementa el Gobierno Federal para impulsar el crecimiento del país y de no hacer los ajustes correspondientes, de nada valdrá que la administración anterior haya sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza (INEGI), sin contar las afectaciones en el bolsillo de todos los mexicanos.
Las recientes acciones de dos de las agencias calificadoras de riesgo financiero más importantes del mundo: Standard & Poor’s y Moody’s, al modificar la perspectiva y calificación de la deuda soberana de México, respectivamente, encienden las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal del país. Ambas agencias coinciden en que los riesgos estructurales de la nación amenazan severamente su capacidad de pago en el mediano plazo.
De no corregirse el rumbo en los próximos meses, esos riesgos pueden llevar al país a que pierda el grado de inversión, lo que implicaría tasas de interés más altas para el financiamiento público y privado, disminución de la inversión extranjera, fuga de capitales y una contracción económica que anularía los avances sociales del sexenio anterior.
Estas advertencias se dan, principalmente, por el bajo crecimiento económico; un déficit fiscal crónico, donde el Gobierno gasta más de lo que recauda, y por el aumento acelerado de la deuda pública.
Ante esta realidad, el desempeño de la administración federal comienza a devaluarse porque sus programas y acciones para impulsar la inversión, como el Plan México, los proyectos de infraestructura mixtos (público-privada), las mesas de diálogo con los empresarios, etc., han resultado insuficientes para reactivar una economía que crece ínfimamente.
Las cifras oficiales del INEGI son contundentes: en 2025 el país registró un crecimiento del 0.8% y en el primer trimestre de este año alcanzó apenas el 0.2% anual. Este indicador dinamita la proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estima un crecimiento de entre 1.8% y 2.4% para este año, lo que contrasta con la última edición de la Encuesta Citi, que lo ubica en 1.1%.
Respecto al déficit presupuestario, de acuerdo a la Estimación del Gasto Público para 2026 de la SHCP, se preveía fuera de más de 1.3 billones de pesos, 13% más que en 2025. De ahí el endeudamiento activo del Gobierno para sostener un modelo que privilegia el gasto distributivo por encina del impulso productivo. Muestra de ello es que los programas del Bienestar (pensiones, becas, etc.) absorben poco más de un billón de pesos, equivalente al 10% del presupuesto total (10.1 billones de pesos).
A esto se suma la millonaria inyección de recursos a las empresas productivas del Estado, principalmente a Pemex, cuyas pérdidas presionan y asfixian las finanzas públicas, como lo advierte Moody´s. Además de los subsidios orientados a mantener la infraestructura del sexenio anterior como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mexicana, Tren Maya, Tren Interoceánico, etc., recursos que deberían ser canalizados a otros rubros.
Como consecuencia, la deuda pública prácticamente se ha duplicado en los ocho años de la Cuarta Transformación. En 2018 era de 10.5 billones de pesos y en este año llegará a los 20.4 billones (SHCP), este constante aumento tiene como fin cubrir la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Así, por los servicios de la deuda en este 2026 se pagarán cerca de 1.6 billones de pesos, 8.6% más que en el ejercicio anterior.
Si bien la política monetaria del Banco de México le ha dado un respiro temporal al Gobierno al reducir gradualmente la tasa de interés de referencia hasta situarla en 6.50% en mayo, para bajar el costo de la deuda, esto poco contribuye a solucionar el desequilibrio fiscal.
En este contexto, hay razones para estar preocupados: el ajuste fiscal mediante recortes al gasto público está sacrificando la inversión pública y limitando los recursos a servicios esenciales como salud, seguridad, etc. Lejos de fortalecer al país, estas medidas lo están debilitando. Si a ello se suma la desconfianza del capital privado para invertir, debido a los cambios regulatorios, a la incertidumbre jurídica y demás factores, el crecimiento corre el riesgo de volverse nulo.
Como bien lo ha señalado Valeria Moy, directora del Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), alrededor del 86% de la inversión en México proviene del sector privado, y ese capital solo llega “cuando el entorno normativo es predecible, cuando el sistema judicial inspira confianza y cuando los mensajes que se mandan al exterior son consistentes”.
Es así que el Gobierno Federal está obligado a gastar menos y mejor para elevar la productividad y generar un entorno de confianza que atraiga y detone la inversión e impulse el tan esperado crecimiento económico, con una deuda menos vulnerable. Asimismo, requerirá, tarde o temprano, de una reforma fiscal integral que aumente la recaudación con todo lo que ello implica.
De lo contrario, una baja en la calificación crediticia se traducirá directamente en créditos más caros, menor disponibilidad de financiamiento, pérdida de empleos, encarecimiento de la cadena productiva, mayor inflación y una inevitable merma en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del país.
