El diputado del PRI, Rubén Moreira Valdez urgió a proteger a los productores agrícolas de los municipios de López, Chínipas, Coronado, Cusihuiriachi, Maguarichi, Manuel Benavides, Ocampo, Riva Palacio, San Francisco de Conchos, Aquiles Serdán, y Santa Bárbara, en Chihuahua, que requieren los recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo y sus afluentes.
Llamó al gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado, a responder con celeridad al juicio que promovieron 11 municipios del estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Ello , por omitir la planeación coordinada e informada de los recursos hídricos y disponer del agua de sus presas en detrimento de productores agrícolas de esa entidad.
Informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que el mandatario estatal, como tercero interesado en la controversia constitucional, responda “la vista” o fase del proceso, en que la SCJN le confiere comparecer para aportar alegatos y pruebas .
Moreira Valdez expuso que en el plazo concedido, el gobernador tiene derecho a manifestar lo que a su derecho convenga y debe recordar que lo urgente es proteger a los productores agrícolas afectados de los municipios mencionados .
La firma del Tratado de Aguas Internacionales en 1944, establece que Estados Unidos asigna agua a México del Río Colorado, y México concede agua a ese país del Río Bravo.
La contabilidad en la entrega del recurso es por ciclos de cinco años consecutivos, y en caso de sequía extraordinaria, los faltantes que hubiera se reponen en el ciclo siguiente.
“La realidad es que las sequías han provocado que el Tratado no se cumpla a cabalidad y que México tenga una deuda cíclica de agua en favor de Estados Unidos, y el gobierno del país vecino ha enviado notas diplomáticas acusándonos de hacer un manejo doloso en la operación de presas, reteniendo el agua en las mismas”, aseveró.
Internamente, subrayó el priista, estos hechos también han provocado una “gran opacidad” en el manejo de los recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo y sus afluentes.
