La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, defendió la consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes, ya que es legítimo que el pueblo, principal víctima del saqueo de los recursos del Estado, exprese su opinión.
Acusó a los exmandatarios federales de ser los mayores beneficiarios del pacto de corrupción e impunidad al deslindarse de toda responsabilidad sobre lo que sus funcionarios realizaron durante sus administraciones.
“Así, frente al indignante caso de Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón rechazó que durante su gobierno estuviera enterado de los nexos de su secretario de seguridad con el narcotráfico. De manera similar ha ocurrido con Enrique Peña Nieto y el caso de la ex secretaria de SEDESOL, Rosario Robles, y con Emilio Lozoya, ex director de Pemex”, apuntó.
Señaló que los expresidentes han sido los intocables de la justicia a pesar de su clara responsabilidad, peor aún se premiaban entre sí a través de la pensión vitalicia.
“Está complicidad ha sido un acuerdo informal de nuestro sistema político que ha prevalecido por años y que, sin embargo, puede culminar con la Cuarta Transformación”, agregó .
Advirtió que a lo largo de la historia de México, el pacto de corrupción e impunidad transexenal ha sido el mayor lastre para el desarrollo del país, al permitir la constante violación de los derechos de los ciudadanos, la transgresión a la democracia y el saqueo de los recursos del Estado.
“Y si bien la corrupción no es exclusiva de la historia contemporánea, es un hecho que durante el periodo neoliberal se vivió una configuración distinta. Se generó una nueva élite de políticos y empresarios que vieron en los recursos del Estado su principal fuente de ganancias a costa de las riquezas de la nación y del bienestar del pueblo”.
Acusó que fue esa élite la que normalizó cada vez con mayor sofisticación el desvío de recursos, los pagos extraoficiales y sobornos, así como el favoritismo de ciertas empresas en las licitaciones, contratos y adjudicaciones de obra pública, todo ello bajo el amparo y/o beneplácito de los expresidentes.
Frente a las críticas , Padierna Luna precisó que la figura de Consulta Popular sobre temas de trascendencia nacional tiene su base legal en el artículo 35 constitucional, numeral VIII.
Sostuvo que si bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es respetuoso del debido proceso, también es consciente de que todo poder público emana del pueblo y por ello, de manera paralela al proceso judicial, debe ser consultado sobre el enjuiciamiento a expresidentes.
Aseguró que México vive un momento inédito ya que no sólo se está frente al mayor desmantelamiento de las redes de corrupción e impunidad que prevalecieron durante el régimen neoliberal, sino que también de cara a un ejercicio democrático único e histórico.
