La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, advirtió las mujeres que aspiran a cargos públicos y las que ya los ejercen se enfrentan cotidianamente a la discriminación estructural.
Al participar en el evento conmemorativo “67 Aniversario del voto de las mujeres en México”, organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que la violencia es el rostro visible de la discriminación.
Sostuvo que los poderes del Estado tienen la obligación de actuar sin dilación como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, por el deber ineludible de remontar la discriminación y la violencia institucional.
Subrayó que se trata de una deuda del Estado con las mujeres, de una discriminación institucional que, incluso, ignora los efectos de la pandemia, al no tener una respuesta medianamente a la altura del desafío que le impone la carga adicional de trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres.
“No podemos ignorar que parte de la violencia y discriminación se practica también limitando la posibilidad de ejercer el voto activo, lo que suprime la posibilidad de construir una idea o toma de posición sobre una preferencia electoral”, precisó.
Sauri Riancho señaló que no son sólo las leyes y las normas, sino también las formas como se interpretan o ignoran los preceptos normativos cuando se diseñan y ejecutan las políticas públicas y en la forma en las que se fijan las prioridades del gasto público.
Estimó que el derecho al sufragio de las mujeres no puede darse por sentado cuando se tiene enfrente una serie de restricciones y cargas adicionales de trabajo no pagadas. “Muchas mujeres se han convertido en asistentes escolares, enfermeras domésticas o cuidadoras de doble tiempo completo”.
Comentó que hay un núcleo duro de la desigualdad en torno al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, a ese trabajo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dicho que de comprarse en el mercado significa alrededor del 18 por ciento del Producto Interno Bruto; el total de esa estimación es de 24 por ciento y, de ese porcentaje, las mujeres realizan el 75 por ciento.
En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, añadió, se requiere de los liderazgos femeninos en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos; una poderosa razón que muestra la urgencia de contar con una política nacional de cuidados.
La tarea no es sencilla porque impone progresividad, pero también un sentido de urgencia en la eliminación de los obstáculos que enfrentan la mayoría de las mujeres, afirmó.
La Legislatura de la Paridad se ha empeñado en poner en el centro de su agenda a la igualdad sustantiva, porque la garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está vinculada directamente con la igualdad de género.
“Que la conmemoración del 67 aniversario del sufragio femenino sea ocasión para reafirmar la voluntad para seguir desmontando obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y oportunidad de representar nuestro compromiso hacia la igualdad sustantiva”.
La diputada priísta reconoció al Instituto Nacional Electoral por hacer realidad la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia, cuyo propósito central es contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político.
También resaltó el compromiso asumido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos políticos de las mujeres, con la medida adoptada para la conformación de un registro nacional de personas que han perpetrado violencia política en razón de género.
