Desde la comodidad de su despacho en Palacio Nacional, donde no se le pueda enlodar la investidura, el presidente Andrés Manuel López Obrador, atiende asuntos más importantes a las penurias que están pasando sus paisanos de Tabasco, así como miles en Chiapas y Veracruz.
Atrás debe quedar el recuerdo, si no es que lo borró de su memoria, cuando en 2013 los tabasqueños enfrentaron una situación similar y exigía al gobierno de Felipe Calderón entregar ayuda inmediata y prometió que de llegar al poder las inundaciones no volverían a ocurrir.
Luego de dos años de gobierno, nunca hizo nada por llevar a cabo el desazolve de ríos y la construcción de bordos y, mucho menos obras de infraestructura. Con la extinción del Fondo para Desastres Naturales y el planteamiento de levantar un censo casa por casa de los afectados, la ayuda puede tardar más de la cuenta.
Afortunadamente el resto de la población, como siempre, ya se organiza para brindar su apoyo y está haciendo llegar víveres, ropa u artículos diversos de manera solidaria a los compatriotas en desgracia, dando una lección a las autoridades que, en reuniones de gabinete, evalúan cuáles acciones emprenderán en apoyo de esos mexicanos que han perdido buena parte de su patrimonio y, en muchos casos, la manera de ganarse la vida.
Ni López Obrador ni el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, han actuado con la prontitud que requiere la emergencia, sobre todo si tomamos en cuenta que desde hace un mes se presentaron los primeros efectos climáticos. En esas fechas y ahora, el primer mandatario culpa a empresas particulares por el manejo corrupto de las presas.
Hoy, exculpa -una vez más- a la Comisión Federal de Electricidad y a su director general, Manuel Bartlett Díaz por su “contribución” a las inundaciones que ponen en riesgo a decenas de miles de tabasqueños, y confía más en qué la madre naturaleza sea benévola y no cause mayores desgracias.
Con sus medias verdades, el jefe del ejecutivo adelanta que “apenas pase la emergencia”, los apoyos se entregará de manera directa, ya sin ese “hoyo negro” que era el Fideicomiso para Desastres Naturales (Fonden) donde, asegura había la práctica que inmediatamente se solicitaba que se declarara una emergencia, porque eso implicaba comprar sin control enseres y equipos a precios elevadísimos.
Práctica que de acuerdo con información disponible se sigue realizando en la presente administración, con motivo de la contingencia sanitaria, donde sobresale la denuncia contra el hijo del titular de la CFE por vender al Seguro Social ventiladores al triple de su precio normal, sin que sea el único caso que se ha documentado.
Tal vez sea tiempo de que el gobierno cuatroteísta haga un corte de caja e informe a los mexicanos cómo se han gastado sus impuestos para combatir el Covid-19, pues existen serias dudas de un manejo poco pulcro.
Y son las propias declaraciones oficiales las que dan lugar a la sospecha. López Obrador dijo que en promedio las vacunas contra el coronavirus tendrían un costo de cuatro dólares; según cifras de Hacienda, que a cada momento cambia el monto total, saldrían en 12 dólares cada una: y recientemente, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que saldría en siete dólares la dosis.
Este manejo poco escrupuloso de las cifras generan desconfianza y demuestra que el gobierno lopezobradoriano está anegado de falsedades o hundido en verdades a medias.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Significativos los acuerdos a los que ha llegado la administración con Grupo Salinas e Interjet para el pago de adeudos fiscales y, al mismo tiempo, anunciar la cacería contra empresarios que apoyan al movimiento “Si por México”, que ya sumó a partidos de oposición.
