Ante la insolencia presidencial, el Poder Judicial responde con la ley en la mano, dejando claro que es guardián confiable del Estado de Derecho, sin excusas, al otorgar 27 suspensiones a la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso de la Unión, cuyas mayorías no se atrevieron a cambiarle una coma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
El camino seguido hasta la fecha por la Ley de la Industria Eléctrica dejó en claro que los ordenamientos no pueden ser panfletarios ni estar sujetos a capricho; la razón jurídica está por encima de las veleidades del ejecutivo federal y de la falta de integridad y de valor de una mayoría legislativa obsecuente.
También dejó en evidencia la pobreza jurídica y ética del ejecutivo federal que, al no ver cumplidos sus caprichos, ofende e insulta; en vez de ofrecer los argumentos legales por lo cuales su iniciativa sería válida, opta por descalificar a las personas que no comparten sus puntos de vista.
El tono quejumbroso y pendenciero, al mismo tiempo, que ha utilizado López Obrador en los últimos días, mereció la respuesta elegante del ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al mandar a la ventanilla de quejas la petición presidencial de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, a ver si es procedente.
Parafraseando el aforismo popular de que árbol que nace chueco no estudia derecho, la pretendida reforma al sector eléctrico nació chueca, al pretender otorgar trato preferencial a la empresa estatal, sin haber modificado la Constitución para que fuese posible y, por tanto, alejada del Derecho.
Con su habitual marrullería, López Obrador pretende, en este y en otros muchos casos, saltarse las trancas de la legalidad con la complicidad de diputados y senadores de Morena y demás partidos satélites, dando muestras de su poco apego a la ley.
Sin embargo, la determinación de varios jueces de conceder amparo a varias empresas, para dejar sin efecto muchas de las disposiciones contenidas en la mencionada legislación, por estar en franca contradicción con lo estipulado en la Carta Magna, ha servido para recordarle al primer mandatario una de sus frases favoritas: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Lo que parece será un fuerte aguacero de amparos contra la reforma eléctrica, significa que los integrantes del poder judicial le van a hacer efectivo su dicho. Rencoroso como es, López Obrador no se va a cruzar de brazos, al ver que uno de los ejes centrales de su proyecto económico queda suspendido.
La proximidad de la jornada electoral de principios de junio es un buen pretexto para movilizar a sus huestes en contra de jueces y la propia SCJN, como lo anticipa Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien ya hizo un llamado a simpatizantes y militantes a unirnos, una vez más, para “defender la soberanía de las y los mexicanos”.
Tal vez parezca exagerado decirlo, pero del futuro de la Ley de la Industria Eléctrica dependerá en buena medida la composición de la próxima legislatura. El revés jurídico al gobierno, podría quedar compensado con las previsibles movilizaciones morenistas por este asunto, que utilizarían como envión rumbo a la jornada electoral.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Y metidos en los terrenos de la ilegalidad, ahora resulta que las obras del aeropuerto de Santa Lucía y tramos del Tren Maya, que se construyen con el dinero de los contribuyentes, no es para beneficio de todos los mexicanos, sino únicamente para las fuerzas armadas.
