Tras el desastre económico que dejó un mal manejo de finanzas en Coahuila, así como los índices de corrupción, el sucesor de Miguel Ángel Riquelme Solís, deberá lidiar con ello; esto tras la salida del gobernador en noviembre.
En el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior de Coahuila (ASEC) presentó 63 denuncias penales por irregularidades en los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, advierte en sus artículos 70 al 74, sanciones por faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos que van desde una suspensión de hasta 90 días, destitución, sanciones económicas, así como la inhabilitación.
De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, la Auditoría Superior ha presentado más de 430 denuncias penales, de 2013 al 2022, a partir de que se revisaron las cuentas públicas.
Tan sólo en 2022 emitieron 16 multas por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la Auditoría y por que no se presentó el Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
A esto se suma que el Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del 2023 reveló que los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no contaron con liquidez para poder cumplir con sus compromisos financieros.
“Al 31 de marzo de 2023, en término globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, indica dicho informe.
El medio también dio a conocer que no fueron evaluados nueve de los 146 entes que conforman el estado de Coahuila, entre estos destacan el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila, así como el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ambos en proceso de extinción.
Aunque también se omitió al Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo; el Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón.
Así como la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura que no han presentado avances de su gestión financiera, mismo que podría costarles multas conforme a lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
A esto se suma que el gobierno de Riquelme no ha podido justificar ni comprobar 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos y será en noviembre cuando sea la última vez que el mandatario rinda cuentas ante el Poder Legislativo, mismo que lo ha protegido.
Ante los señalamientos de irregularidades y denuncias, el único intento por llevar al Congreso el tema fue votado en contra por la mayoría priista, mientras Miguel Ángel Riquelme tiene contados los días para dejar el cargo.
