Un empresario costarricense sería el beneficiado de la adjudicación directa por 18 mil 313 millones de pesos que el Banco del Bienestar otorgó en octubre pasado por los servicios de administración de las operaciones y transacciones bancarias de tarjetas de crédito o débito.
Se trata de Alfredo José Urcuyo Fernández, accionista de la empresa Bahud Processing México, firma que se creó apenas en 2018, de acuerdo a información del registro público.
De acuerdo con información de Forbes, Urcuyo Fernández es dueño de la panameña homónima Global Recash, aunado a que el millonario contrato inició vigencia desde el 11 de octubre pasado y se prolongará hasta el último día de 2024.
En la documentación recabada se observó que el nuevo acuerdo se signó a 15 meses que el Banco del Bienestar dio a conocer que no tenía suficiente dinero ni recursos financieros para comprarle a Vivcolmex 8 cajeros automáticos.
“El 29 de julio de 2020, el Banco del Bienestar no cuenta con recursos propios para hacer frente a este contrato, ya que actualmente está enfocado en cumplir con su plan de expansión y construcción de 2,704 sucursales bancarias”, se lee e el dictamen de justificación de Terminación Anticipada del Contrato firmado entre la institución y Vivcolmex.
Por su parte, el reporte firmado por Raymundo Eugenio Peralta Herrera continua con que “el servicio para el que fue contratado Vivcolmex no se prestó en virtud de que el Banco del Bienestar no formalizó ni recibió recursos por parte de la Secretaría del Bienestar”.
A su vez se detalló que en caso que se diera continuidad al contrato por 10 millones de pesos con Vivcolmex, se generarían afectaciones al Banco del Bienestar. Esta se trató de una de las primeras decisiones, luego que Diana Álvarez Amur sustituyera a Rabindranath Salazar el 22 de junio de 2020.
El medio de comunicación precisó que detrás del contrato entregado al costarricense Alfredo José Urcuyo, se encuentra el asesor de la Dirección General del Banco del Bienestar, Alfredo Orellana Moyao, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e ingresó al servicio público en la Comisión Reguladora de Energía en 2003.
En su haber, Orellana Moyao también se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de coordinar a los asesores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de su paso por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
El 15 de diciembre de 2012 asumió cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por lo que ya se encontraba al frente cuando llegó el caso Monex por presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aunque renunció un año siete meses después. Al respecto, legisladores de oposición comentaron que su decisión tuvo que ver con el cierre de las indagaciones.
Al momento la información sobre su contratación y su salario bruto al mes no es pública, ya que habría sido contratado por outsourcing.
La compra con Bahud Processing México no se sometió a concurso ya que la dependencia aludió el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones en el que se permite adjudicar directamente cuando “no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de arte”.
Aun cuando el Plan Nacional de Desarrollo indicaba que las adjudicaciones directas quedarían prohibidas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que uno de cada dos pesos es gastado por esta vía o en concursos por invitación restringida, en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El organismo indicó en un estudio que el riesgo de estos esquemas recae en que son frecuentemente utilizados en casos de corrupción, debido a que se facilita que funcionarios entreguen contratos a empresas con las que hayan establecido acuerdos previos.
Forbes apuntaló que Global Recash, creada en 2016 por Jaime Deschamps González y Alfredo José Urcuyo Fernández, obtuvo otro contrato del Banco del Bienestar, también sin competir, para la evaluación y elaboración del modelo operativo de adaptación y comunicación con procesadores autorizados transaccionales. Así, el servicio otorgado a otra compañía del empresario costarricense fue por 5.9 millones de pesos.
Por último el medio de comunicación indicó que en 2021, el Banco del Bienestar ha entregado 63 contratos, 33 de ellos por adjudicación, 15 por licitación pública y 10 mediante invitaciones restringidas. Por su parte, los restantes corresponden a contratos entre entes públicos.
