Representantes de la sociedad civil de Chimalhuacán exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador fortalecer los operativos de la Guardia Nacional en las zonas más conflictivas en la localidad y se restablezca el orden constitucional.
Aseguraron que en los últimos 20 años los alcaldes emanados de Antorcha Campesina han violado de manera sistemática las garantías individuales y han hecho de la tortura su principal arma para fabricar delitos. “Ya no se debe permitir que la ola de violencia siga desangrando a Chimalhuacán”.
Entregaron a la Dirección de Atención Ciudadana un documento en el que piden se investigue a las corporaciones policiacas, para detectar sus vínculos con la Organización Antorcha Campesina, y de comprobarse su responsabilidad en algún ilícito, sean destituidos.
Los habitantes de Chimalhuacán recalcaron que desde el 18 de agosto del 2000, cuando Antorcha se hizo del poder por medio de la violencia, la cual ocasionó más de 10 muertos, se vive un Estado sin ley.
En ese sentido, culparon de la inestabilidad e ingobernabilidad que prevalece en la alcaldía al actual presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.
Asimismo, los representantes de la sociedad civil exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Vargas, Juan Carlos Canto y Gabriel Chavarría, así como la agresión a Pablo Colores, precandidato de Morena a esta alcaldía, para deslindar responsabilidades y llevar a los responsables ante la justicia.
Aseguraron que los órganos de procuración y administración de justicia han sido rebasados y se percibe complicidad entre los asesinos y policías, lo cual explica el grado de impunidad y abuso de poder corrupto, de los aparatos de justicia.
En su opinión, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán se encuentra cooptada por el grupo en el poder, pues ha designado en todas las administraciones antorchistas, a personas allegadas a la administración municipal.
Alertaron sobre la posibilidad de que, con el inicio del proceso electoral, se recrudezca la violencia, por lo que externaron su preocupación por la falta de garantías para ejercer sus derechos a la participación política y libertad de expresión.
“Queremos garantías y medidas de prevención para que en caso de que la ciudadanía decida un cambio de gobierno en el municipio, éste sea de manera pacífica e institucional”, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador.
