Con una participación del 51% de la lista nominal, de acuerdo con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el pasado 7 de junio la ciudadanía coahuilense eligió a los 16 diputados locales de mayoría relativa que integrarán el próximo Congreso estatal. El dato no es menor: representa un incremento significativo del 16% de ciudadanos interesados en la gobernanza de su entidad, una cifra destacable si se considera que el promedio histórico de votantes en las elecciones intermedias suele ser del 35%.
El resultado en las urnas fue contundente: la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC) alcanzó la victoria en todos los distritos electorales.
Diversos factores ayudan a explicar este resultado, entre ellos la percepción ciudadana sobre la gestión del gobernador Manolo Jiménez, cuya administración ha priorizado el blindaje en materia de seguridad pública. Evitar el retorno de la ola de violencia que sacudió al estado entre los años 2008 y 2012, cuando gobernaba el priista Humberto Moreira y, a nivel federal, el panista Felipe Calderón.
Mantener al crimen organizado al margen de las fronteras estatales, particularmente ante el recrudecimiento al que se enfrentan entidades cercanas como Tamaulipas y Zacatecas, demostró ser el eje articulador del voto.
Encuestas levantadas durante mayo respaldan esta lectura: Mitofsky ubicó la aprobación del mandatario en un 60.6%, mientras que Demoscopia Digital la situó en 64%. Al analizar el desempeño en áreas clave, los niveles de aprobación fueron incluso mayores, La Encuesta Mx registró una evaluación positiva del 65.7% en seguridad y del 65.9% en economía.
Bajo este escenario, la narrativa de campaña de los candidatos de la coalición se construyó sobre los resultados de gobierno, logrando una comunicación asertiva mediante mensajes de alta empatía social como: “Por la seguridad de nuestras familias”.
En el ámbito económico, la estabilidad en el mercado laboral operó como otro factor, la organización México ¿Cómo Vamos? documentó que, durante el primer cuatrimestre del año, Coahuila generó más de 17 mil empleos. A ello se suma el despliegue de programas sociales estatales, que son igual de competitivos a los que aplica el Gobierno Federal y que, por su alcance y cobertura territorial, cautivaron una base electoral robusta.
Para este 2026, el presupuesto estatal destinado a desarrollo social asciende a cinco mil millones de pesos, distribuidos de manera estratégica en sectores vulnerables y productivos como:
- Programas de empleo temporal para mujeres cuidadoras y becas educativas desde nivel básico hasta superior, incluyendo la Superbeca Extranjera con apoyos de entre 50 a 100 mil pesos.
- Financiamiento para micro y pequeñas empresas: créditos de entre 10 mil a 30 mil pesos sin intereses; así como esquemas para medianos y grandes empresarios con montos de 300 mil a dos millones de pesos con tasas preferenciales.
- Sobresale el Programa Alimentario que atiende a más de 450 mil familias en los 38 municipios del estado, a través de la entrega de leche y huevo, despensas y desayunos escolares.
En los últimos años, Morena ha demostrado que la distribución masiva, estructurada y focalizada de recursos constituye la herramienta más eficaz de vinculación y propaganda política. En Coahuila parece haberse replicado esta misma lógica de protección y dispersión social, obteniendo dividendos electorales incuestionables.
Otro factor determinante fue el perfil de las candidaturas, la coalición apostó por liderazgos con presencia territorial, arraigo comunitario y conocimiento de las problemáticas locales. Lo que imperó fue la confianza y empatía entre el aspirante y el ciudadano. La imposición y la designación que acostumbran las dirigencias nacionales del PRI y el PAN o los procesos de selección interna de Morena mediante sus “encuestas” y “tómbolas”, quedaron a un lado.
Es así que asumir que esta elección representa un triunfo para el PRI nacional es una lectura inexacta, los resultados parecen responder a una estructura política estatal consolidada durante décadas en comunidades, municipios y distritos, más que a una dinámica impulsada desde la dirigencia nacional. En este sentido, hablar de un “resurgimiento del PRI” puede resultar impreciso.
De igual forma, quienes intentan etiquetar a Morena como el “gran perdedor” se equivocan porque no se puede perder un capital político del que nunca se ha dispuesto en el ámbito del poder público local. No debe olvidarse que, si bien en la elección federal de 2024, Morena y sus aliados obtuvieron cinco de las ocho diputaciones federales de la entidad, el resultado obedeció, principalmente, al empuje inercial de la candidatura presidencial y no a la consolidación de una estructura local.
Quien enfrenta el escenario más complejo es el Partido Acción Nacional (PAN), de haber sido la principal fuerza opositora en la entidad, se redujo a una pequeña expresión al obtener 26,877 votos, 2.16% de la votación total. La caída es dramática si se compara con la elección para gobernador de 2017, donde alcanzó 452 mil votos, ganado municipios y distritos locales. Para 2020, su votación disminuyó a 87 mil votos y en 2024 compitió en alianza con el PRI y el PRD.
Dentro de un año, los mexicanos definirán el rumbo de nuestro país al elegir 17 gubernaturas, 31 Legislaturas estatales, más de 1,800 presidencias municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de México y, lo más importante, la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Será entonces cuando el ciudadano evalúe, con el mismo pragmatismo observado en Coahuila, el cumplimiento de las promesas de campaña, la capacidad de entregar resultados y el compromiso con el Estado de Derecho de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar y legislar.
