El secretario de Gobierno (Sego) Jesús Romero López reiteró el llamado al diálogo a las autoridades de la agencia San Isidro Arenal, de San Juan Lalana, que presenta un conflicto por intolerancia religiosa y al que representantes de esta instancia acudieron para establecer una mesa de atención que no se llevó a cabo por la movilización de un grupo religioso.
“Hay una postura muy radical de las autoridades de la agencia municipal donde se iba a realizar una reunión. No es un tema reciente, hay un acta desde 1993 que establece la prohibición de cualquier otra religión en la comunidad”, refirió.
El encargado de la gobernabilidad del Estado dijo que en el municipio de San Juan Lalana hay distintas religiones, pero donde se agudiza el tema es en la agencia de San Isidro Arenal, ya que las autoridades argumentan que las y los pobladores que pertenecen a un grupo religioso se niegan en participar en las tareas de la comunidad como los tequios y han mantenido una postura de confrontación.
Dijo que representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, la Coordinación de Delegados de Paz Social de la Sego y de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) acudieron a la localidad para entablar un diálogo con el abogado, los pastores y las autoridades de San Isidro Arenal, sin embargo, cuando llegaron había una movilización por parte del grupo religioso que originó que autoridades de la agencia decidieran no acudir y expulsar a estas personas de la comunidad.
“Convocamos al diálogo a quienes integran este grupo religioso y a las autoridades de San Isidro Arenal para que lleguen a acuerdos paz y tolerancia en un ambiente más propicio”, señaló el funcionario al tiempo que indicó que representantes de la Sego cumplieron con el compromiso de acudir a la comunidad, pero no se puede construir el diálogo cuando hay una movilización.
Indicó que no se tolerará que se violente lo establecido en la ley, así como los derechos humanos de quienes han definido profesar otra religión; pero también se tiene que comprender que bajo el contexto de los pueblos y comunidades indígenas hay deberes y obligaciones, en el marco de las tareas civiles que se deben cumplir. Romero López aclaró que no hay desplazados por esta situación y llamó a los abogados de las partes involucradas a no hacer apología de esta conflictividad.
