La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó distintas reformas para combatir el delito de extorsión, las iniciativas fueron propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y por la diputada local Tania Larios del PRI. Con esta aprobación, las iniciativas pasarán a ser discutidas próximamente en el pleno.
La iniciativa de la legisladora Tania Larios, coordinadora de la bancada del PRI, señala que el cobro de piso se ha convertido en una epidemia que afecta la economía, seguridad y vida de personas en todo México; y este delito generalmente queda impune por la falta de denuncias y mecanismos eficaces para su persecución y punibilidad. Por lo que busca incorporar el delito de extorsión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En el caso de la propuesta por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega propone aumentar las penas a quien utilice medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología para extorsionar o robar identidad. Al presentar la propuesta, el pasado octubre, la alcaldesa aseguró que este tipo de fraudes se han incrementado de manera alarmante en los últimos años.
Aseguró que estos delitos no sólo vulneran la seguridad financiera de las personas y empresas, sino que también afectan gravemente la confianza en el sistema bancario, la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas.
La iniciativa de la jefa de Gobierno busca tipificar la extorsión como un delito grave y que sea perseguible de oficio con penas de entre 10 y 15 años de prisión y una multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida de Actualización.
Además, promueve que los extorsionadores ya no saldrán bajo fianza y también se castigará como “tentativa de extorsión”, lo que es fundamental ya que anteriormente se pedían pruebas para atentar contra el extorsionador.
Dicha propuesta incluye catorce modalidades agravantes que permitirán que las penas —de 10 a 15 años— aumenten al doble, entre ellas que se usen a menores de edad y adultos mayores para cometer el delito; que sean por parte de servidores públicos o en el caso que se afecte a comerciantes; así como cuando se haga desde el interior de cualquier centro penitenciario.
